Los integrantes de la misión de la ONU presentaron el informe ante el Consejo de DD.HH., donde ratificaron que el sistema de justicia en Venezuela contribuye a la persecución de la disidencia
La administración de Nicolás Maduro hace lo posible por ignorar a la Misión Internacional Independiente que creó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La instancia existe para establecer el patrón de los abusos en el país. Pero se ha negado a contestar 17 cartas que esta envió directamente a las más altas autoridades, pidiendo autorización para entrar en su territorio.
La información la dio a conocer, en entrevista con la agencia Efe, la presidenta de la Misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas.
“No hemos tenido ninguna respuesta ni a las cartas enviadas al representante de Venezuela (ante la ONU) en Ginebra ni a las enviadas directamente a los representantes del Estado. Sea el presidente Maduro, el fiscal general y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo la funcionaria.
La misión presentó este viernes, al Consejo de Derechos Humanos el último informe elaborado sobre Venezuela. Y su principal conclusión es que el sistema de Justicia venezolano ha jugado un papel importante “en la represión estatal de opositores”. Esto, en lugar de proporcionarles protección cuando se violaron sus derechos.
La instancia está compuesta por Valiñas, el abogado chileno Francisco Cox y la experta en derechos humanos Patricia Tappatá.
Ante el Consejo, Valiñas dijo que hay “motivos razonables” para creer que jueces, juezas y fiscales no cumplieron con su obligación. No protegieron a los opositores contra arrestos arbitrarios y en ocasiones ayudaron a que estos se produzcan. Lo hicieron dando sustento legal, ignorando evidentes torturas o enviando a detenidos a lugares donde el riesgo de sufrir maltratos era alto.
“En ocasiones se dictaron órdenes de prisión preventiva en las instalaciones del SEBIN o de la DGCIM. Todo a pesar de la existencia de alegaciones sobre actos de tortura en dichas instalaciones”, denunció la presidenta de la Misión.
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La respuesta de Venezuela
Durante la sesión que el Consejo dedicó a Venezuela, el representante de Maduro ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, dijo que los denunciantes forman una “misión fantasma”. Dijo que realizó su trabajo “a distancia” y que la información que presentó estaba “llena de falsedades”.
Valiñas recodó en sus declaraciones, tras finalizar la primera parte de la sesión, que si la Misión no ha podido ir a Venezuela es porque Maduro no lo ha permitido. No obstante, la tecnología les permitió hacer entrevistas remotas. Por ello tuvieron acceso a numerosos expedientes judiciales que analizaron en detalle.
“Toda esta información viene de adentro de Venezuela”, recalcó Valiñas.
El embajador venezolano también dijo en su intervención que la Misión ha recibido “millones de dólares” de países enemigos para funcionar.
La versión fue rechazada por Valiñas, quien señaló que el presupuesto que este órgano colegiado tiene para hacer su trabajo proviene del sistema de Naciones Unidas. Dijo que ninguno de los miembros tiene detalles de qué países aportaron ni cuánto.
“Además, los miembros (de la Misión) trabajamos de manera gratuita. No hay duda de que lo hacemos de manera totalmente imparcial e independiente de cualquier influencia política”, enfatizó.
Sin avances
El abogado Francisco Cox comentó que no se han visto avances significativos en los casos analizados en el último informe porque cuando se hacen imputaciones se opta por delitos menos graves y cuando hay sanción, ésta no recae en todos los responsables, “sino solo en los mandos muy bajos”.
“Así que si engarzamos el informe del año pasado y éste que acabamos de presentar, observamos que no hay una sanción a la política de Estado de aplastamiento de la oposición”, concluyó.
Durante la sesión del Consejo, varios países manifestaron su apoyo a la Misión y pidieron al Gobierno venezolano que dé respuesta con los hechos al problema de la impunidad y de la interferencia del Ejecutivo en el Poder Judicial.
Las delegaciones Cuba, China, Rusia y Corea del Norte, entre algunas otras, respaldaron al Gobierno de Maduro y consideraron que este tipo de misiones investigadoras son una violación al principio de soberanía de los Estados.
La Misión presentará al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral de sus investigaciones en su próxima sesión, de marzo de 2022.
