jueves, abril 18, 2024

MADURO PREMIA a violadores de DD.HH: acusados por crímenes de lesa humanidad dirigen la DGCIM

La abogada Tamara Suju, a través de sus redes sociales, hizo un llamado a la CPI y al fiscal Karim Khan, para que ponga atención en este caso

A través de su cuenta en Twitter, la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Tamara Suju, denunció que Nicolás Maduro ascendió a varios militares acusados por crímenes de lesa humanidad, en altos cargos dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“Nuevos cargos en la DGCIM muestran los “premios” para aquellos funcionarios leales acusados por sus víctimas y compañeros de cometer Crímenes de Lesa Humanidad”, publicó Suju, junto a la copia de un documento oficial del ministerio de la Defensa, con fecha 29 de agosto del 2022.

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La activista hace un llamado a la Corte Penal Internacional y a su fiscal, Karim Khan, a que pongan atención en este asunto, en vista de la investigación que hay contra Venezuela, precisamente contra miembros de este y otros organismos.

Entre los ascendidos, según el documento publicado por Suju, se encuentran: “el teniente coronel Alexander Granko, jefe de la Dirección de Despacho de la DGCIM”.

Por otro, la abogada destaca el nombre de: “Nestor Blanco Hurtado, Jefe de la Zona de Inteligencia Militar en Barinas y a Abel Angola García, jefe de la Zona de Contrainteligencia Militar, en Carabobo”.

Desde el 2020, la CPI tiene en su mira a la administración de Nicolás Maduro, por violaciones a los DD.HH., que caben en la calificación de crímenes de lesa humanidad, por parte de funcionarios de varios organismos de seguridad.

Entre los cuerpos de seguridad a los que señalaba de cometer esos delitos están: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB”.

En noviembre del 2021, cuando el fiscal Khan vino a Venezuela, anunció que “La Fiscalía ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, acerca de esos crímenes, denunciados desde el 2017.

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