Los casos del Sambil La Candelaria y de Agroisleña son una demostración de que la política de las expropiaciones liderada por Chávez terminó por ser un lastre
En menos de tres días a Nicolás Maduro le cayeron encima, como un par de fardos, dos casos emblemáticos de expropiaciones de empresas de la era chavista: el Sambil de La Candelaria y Agroisleña.
Pero, no contentos con esto, desde el Zulia, Manuel Rosales devolvió varias empresas que habían sido expropiadas hace años y estaban casi en el piso.
¿Qué significa que Nicolás Maduro haya decidido revertir la expropiación del Sambil?. Lo más probable es que maduro se haya visto obligado, ante la imposibilidad de captar inversionistas que exigen seguridad jurídica.
En el caso del centro comercial, luego de 14 años de expropiado, los dueños del centro comercial anunciaron “la reversión de la expropiación”.
El grupo Cohen, dueño del recinto, se cuidó de no criticar ni a maduro ni a Hugo Chávez, a pesar de que este hizo de la expropiación del Sambil en La Candelaria, una especie de emblema de su gobierno.
Por el contrario. Los Cohen destacaron que el centro comercial estaba “en perfectas condiciones”. Que loa parte invadida solo eran áreas externas. Y tanto así que en unas cuántas semanas van a inaugurar los espacios.
Para el analista Tomás Socías López, detrás de esta devolución hay un interés: “el deseo de enviar un mensaje a los inversionistas, nacionales y extranjeros”.
Destaca que tras miles de expropiaciones efectuadas por Chávez, “las consecuencias le estallaron en la cara a Maduro”, debido a que “sin respeto a la propiedad privadas, no hay inversiones”.
“El mensaje es claro. Los inversionistas que desean traer sus capitales a Venezuela deben estar seguros de que no les van a quitar sus propiedades, por motivos ideológicos”, señala Socías.
Con esta posición coincide la firma Aristimuño Herrera, que agrega que “si en Venezuela hay una recuperación económica”, es lógico que en la misma se incluya el respeto a la propiedad privada”.
De otro lado, Socías añade que “en manos del Estado aún hay unas 600 empresas expropiadas que no sirven para nada. Por ello, el Ejecutivo ha rectificado”.
Y, finalmente, la ONG, Cedice-Libertad, cree que “hay que ir con cautela”, ante estas reversión.
“Cabe preguntarse si era necesario volver añicos a un país para terminar dónde se empezó, regresando a sus legítimos propietarios los bienes que les fueron arrebatados”, sostiene.
“Es cierto que la confianza es indispensable para la recuperación de la economía. Pero la generación de riqueza y bienestar solo son posibles cuando existe respeto y garantía irrestrictos al derecho de propiedad”, agrega.
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Agroisleña
El caso de la empresa de fertilizantes Agroisleña, cuyo caso fue a parar hasta el CIADI, es más delicado y problemático para Maduro.
Independientemente o no de que Maduro vaya a pagar la indemnización de 1.640.000.000 de dólares que exige la sentencia del tribunal de arbitraje del Banco Mundial, se trata de un golpe duro contra las expropiaciones.
Aunque han pasado los años, el tribunal determinó que el Estado debe pagar esa indemnización.
Además de la indemnización, el Estado venezolano también debe pagar 1.108.819,24 dólares por costos del procedimiento. Y otros 16.308.725,30 dólares como resarcimiento al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos. Esto, por los gastos en los que tuvo que incurrir para defender sus derechos vulnerados.
Al cierre de 2020, el gobierno venezolano había efectuado más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones directas.
Los expertos sostienen que otra de las razones es que está en marcha un proceso de diálogo. El mismo está en la mira no solo del país, sino de varios países, potenciales inversionistas.
