El proceso estará a cargo de la jueza Sara Cockerill y será el lunes 18 que terminará de escuchar los alegatos de la partes
La división comercial del Tribunal Superior de Londres examina desde este miércoles, quién tiene autoridad para gestionar las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.
En un juicio de cuatro días, la justicia inglesa debe determinar al administrador de esos lingotes valorados en 1.600 millones de dólares y decidirse entre la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Nicolás Maduro o la directiva ad-hoc nombrada por Juan Guaidó.
La decisión estará a cargo de la jueza Sara Cockerill, quien escuchará los argumentos de ambas partes, en las audiencias que se extenderán hasta el lunes 18 de julio. No obstante, ese día no emitirá el dictamen, sino que fijará una fecha para hacerlo, por la complejidad del caso.
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Los antecedentes
Cockerill, que ya estuvo a cargo previamente de este proceso, lo recupera ahora después de que el pasado 20 de diciembre el Tribunal Supremo, aclarara dos cuestiones preliminares, sin las cuales no se podía proceder al juicio formal.
En esos días, tras oír los alegatos de los abogados de las juntas de Maduro y Guaidó, el Supremo concluyó que el Gobierno del Reino Unido reconoció a todos los efectos al político opositor como presidente interino de Venezuela, en referencia a una declaración que emitió el 4 de febrero de 2019.
Por contra, “no reconoce en ningún caso a Nicolás Maduro, aunque aún mantenga las relaciones diplomáticas”, dictó.
También dispuso que los nombramientos de Guaidó a la junta “ad hoc” del BCV deben ser considerados por la justicia inglesa como “actos soberanos” de Venezuela, dado que Londres lo trata como el presidente legítimo, pese a que fueron declarados nulos por la Justicia venezolana”.
Lo que se analizará
En consecuencia, la justicia inglesa, sobre la base de la evidencia, debe determinar si los tribunales tienen que dar por bueno o, por contra, ignorar el fallo del TSJ de Venezuela que invalidaba la junta de Juan Guaidó.
Los abogados de Guaidó alegarán que el TSJ “es un instrumento político de Maduro, por lo que sus dictámenes no han de ser reconocidos en el Reino Unido”, según han adelantado.
En cambio, los abogados de Maduro, sostendrán que su administración es la única legitimada en Venezuela.
Una vez determine si la junta de Guaidó es legal, Cockerill podrá decidir cuál de las dos directivas del BCV puede dar instrucciones sobre las reservas de oro.
El litigio
Este litigio sobre el acceso al oro se inició el 14 de mayo de 2020, cuando el presidente de la junta del BCV nombrada por Maduro, Calixto Ortega, acusó al Banco de Londres de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que fueran usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.
Además de la gestión de las reservas del banco, el eventual dictamen de la Justicia británica servirá para dirimir un pleito planteado por Deutsche Bank en mayo de 2020, sobre cuál de las partes puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.
