Se trata de un informe de más de 440 página que detalla los crímenes del régimen que además, según el escrito, obedecen a una planificación
La misión internacional de la ONU encargada de investigar la situación de derechos humanos en Venezuela publicó el informe sobre su actuación. En este documento se concluye que Nicolás Maduro y sus ministros son responsables por crímenes de lesa humanidad. Se documentaron hechos cometidos en el país desde el 2014.
“La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”, señalan las conclusiones de la investigación.
“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos”. Algunas de esas violaciones “incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó”, recomienda Valiñas.
Este informe de 443 páginas será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los enviados investigaron 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos.
Los enviados recolectaron información “que demuestra que las autoridades del Estado ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares”. Así como de “las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
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Todas las fuerzas de represión actuaron
Señala el escrito que esas “graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Además de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES)”.
También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)y el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN). Se suma la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.
Los investigadores recogieron evidencias de que “las autoridades tenían conocimiento de los crímenes”. Agrega que, pese a ello “ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban”.
“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos”, señala el escrito. Destaca que esa ayuda “era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”.
Crímenes de guerra
El escrito destaca que el patrón de las violaciones de derechos humanos y crímenes registrados en Venezuela desde 2014 corresponden a crímenes de guerra.
Estos crímenes identificados se coordinaron ” conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes de guerra”, ratifica.
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