LA ONG HRW emitió su informe del 2021 y denuncia que la administración de Nicolás Maduro incrementó los abisos contra los DD.HH.
Nicolás Maduro, utilizó el estado de emergencia decretado por la llegada de la COVID-19 para intensificar el control sobre la población. Esta es una de las conclusiones de Human Rights Watch (HRW) en su informe anual, difundido este jueves.
HRW afirma que Maduro y sus fuerzas de seguridad “son responsables de las ejecuciones extrajudiciales”. Así como de “desapariciones por un corto periodo”, además del “encarcelamiento de opositores, procesar a civiles en tribunales militares y torturas a los presos”.
“Ellos usaron el estado de emergencia puesto en marcha en respuesta a la COVID-19 como pretexto para intensificar su control sobre la población. La falta de independencia judicial contribuyó a la impunidad de sus delitos. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices en los abusos”, destaca el documento reseñado por Efe.
Al respecto, recuerda que la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela “identificó patrones de violaciones” de los Derechos Humanos. A esto se suman “delitos que eran parte de una conducta sistemática y extendida”.
La CPI
En este sentido, la ONG destaca la medida del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de abrir formalmente una investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
HRW también recuerda que Venezuela afronta una emergencia humanitaria severa. Son “millones de personas sin acceso a atención sanitaria o una nutrición adecuada”, señala.
“El acceso limitado a agua segura en los hogares, centros de atención médica y un plan de vacunación afectado por la opacidad puede haber contribuido a la difusión de la covid-19”, sostiene el informe.
La organización también recuerda que lo ocurrido en las elecciones regionales del 21 de noviembre. “La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) reportó la descalificación arbitraria de algunos opositores. Igualmente, destaca el “acceso desigual a los medios de comunicación”.
Además, que “la falta de independencia judicial respecto al imperio de la ley socavaron la imparcialidad y transparencia de la elección”.
Entre las preocupaciones que persisten, incluye las “abyectas condiciones” en las prisiones. Además de la impunidad en las violaciones de DD.HH. y el acoso a los defensores de los mismos y medios independientes.
“El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina”, reitera.
Detenciones arbitrarias
En su informe, HRW también dice que “el Gobierno ha detenido a opositores políticos”. Dice que los eliminó de la carrera para ser elegidos en elecciones.
Cita el informe de la ONG Foro Penal del pasado 25 de octubre, momento en el que reportó 254 presos políticos. Pero, este año, la ONG actualizó la cifra y la ubicó en 243.
Asimismo, destaca que agentes de las fuerzas de seguridad “han torturado a varios detenidos y a sus parientes”. A la vez, recuerda que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. de 2020 reportó casos de tortura y malos tratos a los arrestados.
HRW también se hace eco de los abusos denunciados durante los combates que estallaron en marzo de 2021 en el estado Apure.
“La operación (militar) llegó a la ejecución de, al menos, cuatro campesinos, detenciones arbitrarias y el juicio de civiles en tribunales miliares”. Resalta “la tortura de vecinos acusados de colaborar con grupos armados”, subrayó.
Acerca del medioambiente, afirma que la minería es el principal problema para la deforestación del Amazonas.
Menciona un estudio de la ONG SOS Orinoco que aseguró que, tras la “legal” creación del Arco Minero, esa área ha perdido más de 230.000 hectáreas de cobertura forestal.
