Denuncia que la aprobación de la ley busca controlar, restringir y, potencialmente, criminalizar y cerrar las ONG
Amnistía Internacional (AI) lanzó este miércoles una alerta mundial por la amenaza del chavismo contra las organizaciones no gubernamentales (ONG), que podrían ser ilegalizadas en Venezuela a través de la nueva ley aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020.
AI denunció en un informe que la AN dio su primer paso para aprobar un proyecto de ley que busca controlar, restringir y, potencialmente, criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela.
Recordemos que Diosdado Cabello, jefe del Bloque de la Patria, que agrupa a la mayoría de los partidos de izquierda en la AN, propuso el proyecto con la advertencia de que la ley servirá para depurar y que así solo quedarían las “ONG reales”.
“Si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Las medidas incluyen la divulgación de información sobre su financiamiento, personal y gobierno, y violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus beneficiarios en grave riesgo de criminalización y represalias“, alertó Amnistía.
Frente a esto, la ONG internacional instó al Parlamento a poner “fin de inmediato a este proyecto de ley y cese todos los ataques a la sociedad civil”.
El proyecto de ley, en su artículo 15, sobre prohibiciones, reza:
Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional:
- Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos
- Realizar actividades políticas
- Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República
- Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana
ONG y activistas de DD.HH. contra el proyecto
Amnistía Internacional Américas alzó entonces su voz de queja. Manifestó que Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional, está tramitando la inaceptable ley contra las ONG.
Por otra parte, el activista por los derechos humanos Rafael Narváez manifestó que no debemos sorprendernos por esta ley, una nueva arremetida contra las ONG y la sociedad civil por parte de un Estado sobre el que pesa una investigación por crímenes de lesa humanidad.