La activista Delsa Solórzano recordó a la alta comisionada de DD.HH. de la ONU que su deber es proteger a los presos políticos
La dirigente opositora, Delsa Solórzano abogó por los presos políticos militares. A través de sus redes sociales, Solórzano, recordó a la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, que su deber es la protección, precisamente, de quienes son violentados.
“Señora Bachelet, a pesar de que usted recomendó trasladar a Ramo Verde a los presos políticos que están en DGCIM, esto no ha ocurrido. Se mantiene a presos políticos militares torturados en sus sótanos y en las celdas insalubres de Fuerte Tiuna”, publicó.
Recordó los nombres de algunos de los oficiales que están en las mazmorras. “El general Hernández Da Costa, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, el capitán de navío Luis De La Sotta. Además del coronel Juan Rodríguez Dos Ramos permanecen bajo custodia de DGCIM. La Comision de Bachelet en Venezuela tiene la obligación de protegerlos”, dijo.
También mencionó al mayor Juan Carlos Marrufo y su esposa María Auxiliadora de Marrufo. Destacó especialmente la situación del coronel García Palomo. “Es otro caso de militares sepultados en los sótanos infernales de la DGCIM. Tiene 5 meses aislado, sin derecho a visitas, y sin que lo hayan podido ver sus abogados. Su familia se encuentra en el exilio a causa de la persecución política”.
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Enfermos y tratados cruelmente
Y sobre Igbert Marín Chaparro, dijo que “permanece en los sótanos de DGCIM por órdenes del general Hernández Dala. No permiten su traslado a Ramo Verde a pesar de la orden del Tribunal 1ro de Juicio quien lo sentenció en un juicio donde no le permitieron a ingresar a la comisión de la ONU”.
Denunció que este oficial “tiene 3 años 3 meses en ese infierno y en 1año solo ha salido al sol por 24 horas. Su piel tiene un tono blanco verdoso. A pesar de haberse contagiado de COVID-19 no tuvo atención médica. Señora Bachelet esto debe ser atendido de inmediato”, insistió.
Enfatizó en que “estos crímenes de lesa humanidad, deben ser atendidos por la ONU y pronto (los responsables) estarán siendo enjuiciados por la Corte Penal Internacional”, remarcó.
Muertos en custodia del Estado
Entre tanto, desde hace meses, las ONG de DD.HH denuncian constantemente la delicada situación en que se encuentran los presos políticos, civiles y militares, en las celdas de organismos como las FAES y la DGCIM.
Una de ellas es el Foro Penal que indicó que desde el 2014 a enero del 2021 seis civiles y dos militares han muerto en prisión.
El más reciente fue Salvador Franco, indígena de la etnia pemón, quien estaba detenido en la cárcel de Rodeo II. “La CIDH reiteró que el Estado venezolano tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas bajo su custodia”, recordó la ONG.
Salvador Franco murió el 3 de enero, aunque desde el 21 de noviembre de 2020 tenía una orden del tribunal cuarto en primera instancia de Control del Área Metropolitana de Caracas, para ser trasladado a un centro médico. Estaba preso en el Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda, junto con 12 miembros más de la etnia pemón.
Una de las muertes más dolorosas fue la del capitán Rafael Acosta Arévalo. Murió en el 2019 víctimas de horribles torturas, mientras estaba bajo custodia del Estado.
Hasta el momento, el Foro Penal contabiliza 302 presos políticos en el país, 172 civiles y 130 militares.
