En un comunicado emitido por la cancillería, la administración de Nicolás Maduro asegura que ha aportado “suficiente” información sobre el proceso que comenzó en el 2018 contra Venezuela
“Venezuela denunció las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales”.
El anterior forma parte del comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela, donde acusa a la Corte Penal Internacional de no ser imparcial, por presuntamente reportar “irregularidades y violaciones del debido proceso”.
Según el documento, el acercamiento entre la Fiscalía y las ONG, “pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”.
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En la misiva, se asegura que el Estado venezolano aportó “abundante información” sobre el proceso de la CPI iniciado en 2018 y “demostró que el Sistema de Justicia venezolano se encuentra activado permanentemente para garantizar la justicia”.
“Como prueba de la naturaleza política del proceso, se destacó por ejemplo, el caso de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía de la CPI como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución’, pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes negó expresamente haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal”, prosigue el texto.
Finalmente, ratifica que “seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación”.
