La misión de la OEA en el país vecino denuncia que “el ELN incrementó las acciones ilegales de control social y hechos de violencia en la región del Catatumbo y el departamento de Nariño”
La misión de la OEA en Colombia promueve un diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN, última guerrilla activa del país. Esto, según un informe divulgado el jueves que señaló mayor violencia entre los grupos armados ilegales que operan en territorio colombiano.
En su último reporte semestral, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz dijo que “continúa acompañando las iniciativas de búsqueda de acercamiento y diálogo”.
“En este contexto, (la misión) alienta a las partes a no cesar en los esfuerzos para alcanzar (…) una paz completa”. Todo, tras el acuerdo de 2016 con las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agregó.
El presidente Iván Duque rompió en 2019 los diálogos de paz que había iniciado el ELN con su antecesor, el Nobel de Paz Juan Manuel Santos. Lo hizo luego de un ataque con coche bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor, recordó AFP.
El 31º informe de la Misión que abarca el primer semestre de 2021, señala que “el ELN incrementó las acciones ilegales de control social y hechos de violencia en la región del Catatumbo y el departamento de Nariño”, fronterizos con Venezuela y Ecuador, respectivamente.
También destacó acciones del ELN en los departamentos de Antioquia, Arauca y Norte de Santander. Estos dos últimos también limítrofes con Venezuela, donde se refugian grupos armados colombianos con el beneplácito de las autoridades venezolanas.
El ELN cuenta actualmente con unos 3.000 integrantes armados, según Indepaz y 5.000 entre miembros armados y milicias, según fuentes oficiales.
Pero el ELN no es el único grupo armado ilegal que opera en Colombia. También hay grupos paramilitares, bandas criminales y agentes estatales.
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“Persisten enormes desafíos”
La Misión dijo que “observó con preocupación” el “fortalecimiento” del ELN, así como de grupos disidentes de las FARC y del Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizado en 1991, y de bandas narcotraficantes como el Clan del Golfo y Los Caparros.
“Persisten enormes desafíos” por la pugna de estas organizaciones por controlar “corredores” para las rentas del tráfico de drogas, el contrabando y la extracción ilícita de yacimientos mineros, sostuvo.
Además, dijo que la población civil sigue siendo víctima de hechos violentos perpetrados por los grupos armados ilegales. Lo son, “ya sea por enfrentamientos entre ellos que generan desplazamientos forzados o confinamientos, o por acciones ligadas al interés de estos grupos por mantener su control territorial, económico y social”.
Subrayó que persiste el reclutamiento forzado de menores. También los casos de violencia contra las mujeres, como feminicidios, desapariciones forzadas, tortura, trata y persecución.
También destacó que, aprovechando el duro impacto económico de la pandemia de COVID-19, grupos armados ilegales financiaron en algunas zonas del país la producción de cultivos ilícitos. Esto lo hicieron, por ejemplo, el ELN en Norte de Santander y disidentes de las FARC en Nariño.
“Dicha estrategia ha implicado un mayor control social de los grupos armados ilegales sobre las comunidades”, advirtió el informe.
Por otra parte, la MAPP/OEA alertó sobre “amenazas” en Colombia para la participación ciudadana. Llamó a las autoridades a reforzar las garantías electorales y de seguridad.
