El OVP denunció que la liberación de presos, supuestamente para descongestionar los calabozos policiales, no resuelve el problema del hacinamiento
Al finalizar el 2023, el Ministerio de Interior y Justicia publicó en su balance del año que fueron liberados 20 mil presos que se encontraban hacinados en calabozos policiales.
Para el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), lo que “el Ministerio mostró como un gran logro”, es todo lo contrario porque, como es habitual, persiste la opacidad de información por parte de los organismos responsables en materia penitenciaria”.
“No hay una información precisa sobre la liberación de estos 20 mil presos. No indican en qué estados lo hicieron y muchos menos informan cuántos privados de libertad quedan en los recintos policiales”, denuncia el OVP.
“No sabemos si estás personas salieron bajo libertad a través de los planes que ha inventado el régimen, incluso algunos de ellos que van en contra de lo que es el sistema de justicia venezolano”, agrega.
La ONG indica que han recibido denuncias acerca de que “los presos que son beneficiados en estos planes, son obligados a renunciar a la defensa privada, y a su vez aceptan el acompañamiento de un defensor público que no hace más que presionar al recluso para que admita un delito, quedando así sin derecho a la presunción de inocencia y a su legítima defensa”.
Por si fuera poco, agrega que “se han otorgado libertades por órdenes de gobernadores y parlamentarios de la Asamblea Nacional. Esta arbitrariedad solo le ocasiona un problema mayor al recluso, quien ante la justicia venezolana queda como una persona evadida o solicitada, considerando que la libertad de un preso solo debe ser otorgada por mandato de un tribunal”.
No resuelve el problema
En otro orden de ideas, el OVP alerta que “lejos de resolver el problema, continúa el hacinamiento en los calabozos policiales, por lo que aún son miles los presos que sobreviven en condiciones inhumanas y degradantes en celdas en las que no deberían permanecer durante más de 48 horas, según lo establece nuestra Carta Magna”.
Esto aunado a que la custodia de los presos está bajo responsabilidad de funcionarios policiales, quienes no están capacitados para el tratamiento de personas privadas de libertad y mucho menos con perspectiva de género, en el caso de las mujeres que permanecen en estos calabozos.
“En los calabozos policiales no cuentan con acceso a agua potable, no hay baños para tanta gente, no cuentan con una ventilación adecuada, no tienen atención médica ni acceso al sol. Tampoco tienen permitidas las visitas conyugales ni de niños, y el tiempo de visita de sus familiares es máximo de una hora”, asevera el observatorio en una nota.
