Según el portal de investigación, Maduro ha mantenido estos 10 años un “Estado híbrido” que ha echado mano, incluso, de grupos criminales para ejecutar medidas de gobierno
Si Nicolás Maduro se ha mantenido en el poder durante 10 años ha sido por sus alianzas con grupos que no necesariamente están apegados a la ley, según lo informado por el portal de investigación InsightCrime, en un trabajo denominado: “El desafío de Maduro: reformar el Estado híbrido de Venezuela” que reproducimos íntegramente.
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El Estado híbrido
La evolución del Estado híbrido en Venezuela, que combina la gobernabilidad con la criminalidad, le ha permitido a Nicolás Maduro mantenerse en el poder, incluso a pesar de que su gobierno ha estado durante años luchando contra crisis casi constantes. Pero ese panorama está comenzando a cambiar lentamente, y el Estado híbrido de Maduro está cambiando también.
Las amenazas directas al poder de Maduro —las protestas masivas, la oposición política venezolana y los esfuerzos geopolíticos de los opositores internacionales— no han desaparecido, solo han disminuido, perdiendo el impulso que en algún momento parecía que podría derrocarlo.
También permanece la principal amenaza indirecta: el colapso económico. Pero este ya no es tan apremiante. Si bien los pronósticos siguen siendo malos, la economía es al menos estable, en comparación con los desesperados años pico de la crisis.
Estas dinámicas cambiantes requieren nuevas estrategias para que Maduro y el movimiento político chavista pasen de la supervivencia a la consolidación; se trata de estrategias para lograr el levantamiento de las sanciones internacionales, la reactivación de la industria petrolera y para apaciguar las dudas sobre la legitimidad de las elecciones en Venezuela y sobre el gobierno de Maduro.
Dichos objetivos serán difíciles de lograr mientras permanezcan la corrupción desenfrenada, la criminalidad y la palmaria subversión del proceso democrático que ayudó a mantenerlo en el poder. Y no hay indicios de que Maduro tenga intenciones de cambiar la naturaleza cleptocrática y autoritaria de su régimen. De hecho, si lo hace podría quedar aún más vulnerable.
El análisis de sus estrategias en los últimos dos años indica que Maduro es consciente de esto y está tratando de establecer un Estado híbrido que sea más confiable, más fácil de controlar y de más bajo perfil, aunque no menos criminal.
El Estado híbrido en Venezuela tiene tres pilares principales: grupos armados híbridos, que cooperan y coordinan sistemáticamente sus actividades y estrategias con el Estado; una gobernanza híbrida, en la que los grupos armados y las redes criminales trabajan junto con el Estado para gobernar determinados espacios e imponer el control social; y economías híbridas, que combinan el control estatal y criminal de los recursos y las cadenas de suministro.
A continuación, analizamos las tendencias más recientes en cada una de estas áreas.
Grupos armados híbridos
En febrero de 2023, InSight Crime publicó un artículo denominado Los 10 grupos criminales que dominan el hampa en Venezuela, en el que se numeran las organizaciones criminales más poderosas del país. Los cinco primeros podrían considerarse grupos híbridos como tal, o al menos grupos cooperantes con características híbridas, en tanto que los cinco últimos se encuentran entre los principales objetivos de las operaciones de seguridad actuales. Es probable que esto no sea una coincidencia.
El análisis de las estrategias de seguridad actuales indica que los híbridos más confiables se están fortaleciendo, y que el régimen de Maduro está atacando a otros grupos del crimen organizado con todo el peso de las fuerzas de seguridad.
Esto ha quedado claro con el uso de megaoperaciones: despliegues masivos de cientos e incluso miles de policías y soldados fuertemente armados contra pandillas como el Tren del Llano, la pandilla de Wilexis y la pandilla de El Koki. Y ha sido evidente en las campañas militares contra grupos guerrilleros que antes eran aliados, como los frentes 10 y 33 de la ex-FARC mafia y, como se informó en el capítulo 4 de esta investigación, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).
En contraste, los grupos que ofrecen los mayores beneficios para el régimen, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua, han quedado en general intactos, a pesar de que son considerados como las mayores amenazas para la seguridad del país.
Por otro lado, la creciente criminalidad de los primeros híbridos de Venezuela, los colectivos, no se ha enfrentado con la fuerza, sino con intentos de controlarlos y cooptarlos, como se muestra en el Capítulo 2 de esta serie.
Es probable que esta tendencia continúe en tanto Maduro busque poner más orden en el crimen organizado venezolano, para garantizar que los beneficios de dicha hibridez sean disfrutados solo por los socios más útiles y confiables. Su mayor desafío en este sentido puede estar en las áreas donde los grupos criminales que se han convertido en objetivos del gobierno nacional han establecido relaciones híbridas con actores estatales locales, creando conflictos internos entre diferentes ramas del Estado.
Gobernanza híbrida
En los últimos años, el gobierno de Maduro ha intentado dar marcha atrás a muchas de las formas originales de gobernanza híbrida, que se basaban en acuerdos negociados como resultado de las debilidades del Estado.
Muchas de las “Zonas de Paz”, de donde las fuerzas de seguridad se retiraron a cambio de que las pandillas redujeran la violencia, han sido recuperadas mediante grandes operaciones de seguridad que han terminado con el dominio de grupos como la banda de El Koki en el barrio Cota 905 de Caracas, la banda El Conejo en el municipio Aragua de Tejerías, y las diversas bandas de la región Valles del Tuy en el Estado Miranda.
Asimismo, en el sistema penitenciario, el control de los jefes de las bandas, conocidos como pranes, ha sido sofocado en varias prisiones mediante la implementación del Nuevo Régimen Penitenciario.
Este programa impone controles más estrictos sobre la vida en prisión, reduciendo tanto el poder como las oportunidades económicas de los miembros de las bandas en prisión. Si bien los pranes aún controlan casi el 60% de la población carcelaria, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el Estado puede mantener bajo control a los que aún permanecen, amenazando con imponerles condiciones más duras o transferirlos a prisiones que se rigen por el nuevo régimen.
Sin embargo, dichos acuerdos se han dejado vigentes allí donde fortalecen al Estado, como es el caso del control del Tren de Aragua en la Zona de Paz de San Vicente y la cárcel de Tocorón, tema del Capítulo 3 de esta investigación. Además, ha venido aumentando la gobernanza criminal en las zonas bajo el control de aliados híbridos, sobre todo los colectivos y la guerrilla del ELN.
Los grupos armados ya desempeñan un papel central en la imposición del control social y político, y en la captura de recursos económicos.
Economías híbridas
Las economías híbridas han demostrado ser un arma de doble filo para el gobierno de Maduro. Por un lado, han sido una forma importante para canalizar recursos hacia los grupos armados híbridos y las redes criminales insertas en el Estado, cuyo respaldo le ha sido útil a Maduro para mantenerse en el poder. Pero, por otro lado, al hacerlo han socavado el funcionamiento del Estado, con graves repercusiones políticas y sociales.
Hay señales de que el gobierno está tratando de detener las economías híbridas más dañinas y poner en jaque algunas de las redes criminales insertas en el Estado que se dedican a dichas economías.
Ha habido un gran aumento de las operaciones contra el contrabando de combustible, un comercio generalmente controlado por redes de corrupción que afecta gravemente tanto el funcionamiento de la economía como la vida cotidiana de la población. Solo en los primeros cinco meses de 2023, las autoridades reportaron incautaciones de combustible en niveles tres veces más altos que en todo 2021, según el monitoreo hecho por InSight Crime en los informes de medios y en fuentes oficiales.
También ha habido un aumento de los arrestos y operaciones contra el tráfico de chatarra, del que se benefician las redes insertas en el Estado mediante el saqueo de sitios industriales, que el gobierno necesita en funcionamiento si quiere reactivar la industria petrolera. En los primeros cinco meses de 2023, las autoridades reportaron la incautación de 187,1 toneladas de chatarra, en comparación con 59,7 toneladas en 2021, según el monitoreo de InSight Crime.
En contraste, las economías híbridas que no representan costos tan altos, como la venta de bienes subsidiados en el mercado negro y las ganancias obtenidas de los servicios públicos, han quedado en general intactas.
El mayor desafío de Maduro, y su principal objetivo estratégico, es controlar la economía híbrida más lucrativa: el comercio de oro. En este sentido, los acontecimientos del último año indican que el gobierno está tratando una vez más de imponer el control estatal sobre el principal centro de minería de oro del país, el estado Bolívar.
Múltiples fuentes entrevistadas por InSight Crime, como mineros, periodistas y residentes del estado, señalan que las operaciones de seguridad se han dirigido tanto a grupos armados adversarios como a grupos armados que antes eran cooperantes, y han dejado intactos a los que tienen relaciones más híbridas. Si bien el objetivo general de las operaciones no es claro, las fuerzas armadas también han estado desplazando a los mineros informales y tomando un control más directo de los sitios mineros; por otro lado, las fuentes hablan de nuevas compañías mineras que llegan al área.
Falta ver si las bandas mineras conocidas como sindicatos pueden mantenerse a raya, y si esta vez el gobierno puede encontrar el capital y la experiencia técnica para establecer un comercio legal de oro menos dependiente de los grupos armados.
