Para algunos expertos en seguridad sí hay una disminución en los índices delictivos del año que acaba de culminar, pero son diversos los factores que influyen
Casi finalizando el 2023 la administración de Nicolás Maduro anunció con bombos y platillos una disminución en los índices de criminalidad durante el 2023. Destacan que las intervenciones a las cárceles influyó de manera considerable.
Remigio Ceballos, ministro del Interior y Justicia, calificó como un éxito la operación Gran Cacique Guaicaipuro, la cual tuvo como destino la intervención de siete cárceles en el país, donde las mafias manejaban diversos delitos a gran escala, entre ellos la extorsión.
Conocedores de la materia reconocen que ciertamente en el país hay una especie de disminución del delito. Coinciden en la estadística con el Gobierno (18%).
Sin embargo, consideran que dicha disminución no responde de manera directa a los factores o acciones que ha emprendido el Gobierno Nacional.
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No dejan de reconocer que dichos planes influyen de manera considerable en dicha disminución, pero explican que hay otros items que deben ser tomados en cuanta como factores que pueden haber ayudado a alcanzar dicha estadística, que no se puede obviar, es satisfactoria para la ciudadanía.
El problema de las cárceles
El consultor en temas de seguridad y periodista, Javier Ignacio Mayorca, reconoce que realmente hay una disminución de la criminalidad que ronda el 18%.
Pero según Mayorca, dicha reducción no es atribuible a ninguna política de seguridad llevada a cabo por el Gobierno, ya que para él, esto no existe.
“No existe el trazado de un conjunto de decisiones que estén documentadas e investigadas, que sean evaluables, porque estén previamente señaladas”.
El experto manifiesta que hace algunos años se realizaron estudios, donde participaron personalidades calificadas en materia de seguridad, pero, actualmente, la administración de Nicolás Maduro no ha expuesto estudios que demuestren la puesta en marcha de acciones planificadas para radicar la delincuencia.
“No hay políticas de seguridad con las que tú puedas decir, eso fue lo que incidió. Lo que sucede es que ha disminuido la oportunidad para el delito y no porque hayan elaborado concienzudamente una política, sino porque el frenazo económico ha sido de tal magnitud de que resta posibilidades para que los delincuentes obtengan algún tipo de ganancia“.
Aunado a esto, hay que tomar en consideración que la crisis económica y social, ha causado merma en la población. Es decir, la ya conocida diáspora venezolana de casi 8 millones de personas, en su mayoría son jóvenes.
Lapoblación joven es la que mayormente está expuesto a la criminalidad, tanto como víctimas, como victimarios. Numéricamente, esto puede incidir en una disminución de las tasas del crimen.
“Este frenazo se vio en materia delictiva básicamente en los primeros nueve meses. Dato curioso, en el noveno mes empezaron las intervenciones a las cárceles”.
Necesario intervenir las cárceles
Hay que reconocer que la Operación Gran Cacique Guaicaipuro II, según los expertos, era necesaria.
-Era necesario que el Estado tomara control de lo que allí estaba sucediendo. No podía existir un régimen carcelario, por una parte, y por la otra una ausencia total de régimen.
“Todos sabemos lo que había detrás de eso. Todos sabemos que allí había una serie de enganches políticos entre los líderes de esos grupos y elementos de distintos niveles y tomas de decisiones en el oficialismo. Eso está muy claro y eso fue lo que permitió que se prolongara estas situaciones en estos internados judiciales, especialmente en el de Aragua”, dice Mayorca.
“El propio Gobierno le dijo en su momento a los grandes empresarios, que los grandes centros de extorsión estaban en estos internados judiciales sobre todo en Tocorón, pero hay informes de los organismos de seguridad que hablaban de Puente Ayala y Uribana“.
Los resultados están por verse
Existe la posibilidad de que los resultados de una operación como la Gran Cacique Guiacaipuro II estén por venir.
Según los datos recabados por Mayorca en los primeros días después de las intervenciones de los 7 penales, se conoce que en Aragua hubo una especie de incremento en la criminalidad, mientras que en Carabobo y Anzoátegui afortunadamente hubo una merma.
“En Bolívar la cosa se mantuvo más o menos igual en materia de criminalidad como era antes de la intervención… No se puede todavía establecer unas conclusiones definitivas sobre los efectos que puede tener esta acción, pero era necesaria”.
Un problema por otro
Si bien es cierto que el estado no podía estar ajeno o no actuar en contra delas mafias carcelarias, también es cierto que el abordaje de este problema, puede traer consigo otro.
“Abordaron un problema, pero crearon otro. Desplazaron a más de 8 mil detenidos a otras instalaciones que estaban ya al tope. Allí se van a generar problemas de hacinamiento, de violencia y posiblemente nuevos esquemas de extorsión como los que existían”, dice el experto en seguridad.
Las cárceles en números
La población carcelaria en Venezuela, según cifras extraoficiales, está por el orden de 33 mil reclusos.
Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los recintos carcelarios que existen en el país están creados para albergar unos 20 mil presos, por lo que la ONG considera que en Venezuela hay un hacinamiento de un 64%.
En el caso específico de la operación Gran Cacique Guaicaipuro II, fueron 7 los penales intervenidos:
- Internado Judicial de Aragua (Tocorón) 20/09/2023 presos trasladados: 1600
- Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito) 25/09/2023 presos trasladados: 2000
- Instituto Judicial José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala) 30/10/2023 presos trasladados: 1511
- Centro Penitenciario de Oriente (La Pica) 03/11/2023 presos trasladados: 1496
- Internado Judicial de Ciudad Bolívar (Vista Hermosa) 06/11/2023 presos trasladados: se desconoce
- Internado Judicial de Trujillo 08/11/2023 presos trasladados: 503
- Internado Judicial de San Felipe (La Cuarta) 10/10/2023 presos trasladados: más de 500
