El comunicador social Rómulo Betancourt promulgó en el año 1959 una doctrina para poder blindarse de un posible golpe de Estado de los militares en su contra, una tendencia que se había extendido en América Latina como una forma de contención al comunismo en medio de la Guerra Fría. Desde ese momento se constituyó en un instrumento de protección a los regímenes democráticos, resultado de la elección soberana del pueblo, sin interferencias extranjeras o fraude manifiesto.
Refiriéndose a la OEA, Betancourt afirmaba que sólo podían formar parte de ese organismo “los Gobiernos de origen respetable nacidos de la expresión popular, a través de la única fuente legítima de poder que son las elecciones libremente realizadas. Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo de las políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional”.
Betancourt a pesar de la afinidad ideológica con la dictadura comunista cubana, rompió relaciones diplomáticas con la isla de Fidel Castro en noviembre de 1961. Sabía que no hacerlo le podía terminar costando muy caro por la enorme inconsistencia que significaba promulgar una doctrina pero aplicarla de manera selectiva, acorde a la afinidad ideológica de la dictadura o del gobierno ilegitimo de turno. Es inexplicable, por ejemplo, que Colombia desconozca al régimen de Nicolás Maduro, pero mantenga relaciones diplomáticas con la dictadura comunista cubana.
El segundo mandato de Nicolás Maduro no fue reconocido por los países miembro del Grupo de Lima, por Estados Unidos y por la Unión Europea entre otros varios países de todo el mundo. Según la portavoz de la Unión Europea, Maja Kocijancic porque “las elecciones presidenciales (en Venezuela) no fueron libres ni justas” y concluye, “todos los llamamientos de la comunidad internacional, incluyendo de la Unión Europea, para que haya nuevas elecciones en conformidad con los estándares internacionales”.
El fraude electoral ocurrido en Estados Unidos durante las elecciones presidenciales de noviembre del 2020 ha generado enormes cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección ante la evidente interferencia de países extranjeros en los resultados y las evidencias contundentes sobre fraude que han probado, incluso, el triunfo de Trump en el Estado de California. El fraude fue descubierto por la inteligencia militar de los Estados Unidos y agencias de inteligencia de los países aliados del gobierno de Trump.
“Los países que hoy desconocen al gobierno de Caracas deberían desconocer, también, al gobierno de Washington para ser ecuánimes y consistentes con su política de defensa a la democracia, y a unas elecciones libres y justas”
Esta situación pone en calzas prietas a los países que no han reconocido al gobierno de Maduro por las mismas causas que deberían desconocer al gobierno de Joe Biden si finalmente es posesionado a pesar de la contundencia de las pruebas en su contra. La presencia de 25 mil Marines en Washington DC y de un despliegue militar sin precedentes en las capitales de los Estados en los que sus gobiernos fueron cómplices del fraude, llevaría a pensar que no se va a producir la juramentación de Biden por tratarse de una elección espuria. Sin embargo, en caso de producirse, los países que hoy desconocen al gobierno de Caracas deberían desconocer, también, al gobierno de Washington para ser ecuánimes y consistentes con su política de defensa a la democracia, y a unas elecciones libres y justas.