En un comunicado, el director para las América de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos “devastadora”. Considera que la administración de Maduro y la oposición deben darle prioridad a esos dos problemas en las negociaciones
La organización Human Rights Watch (HRW) dijo que el eje central de las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición debe ser la emergencia humanitaria y los derechos humanos.
En un comunicado, el director para las América de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos “devastadora”.
Para Vivanco este debería ser “el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo”, según el documento publicado por la agencia EFE.
Según lo acordado en un memorando suscrito el día 13 de agosto por las partes, la agenda incluye discutir derechos políticos para todos, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables.
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Además, levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, así como la renuncia a la violencia.
También abarca la reparación de las víctimas de la violencia, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, garantías de implementación, seguimiento y verificación.
La primera ronda de negociaciones duró tres días y las partes acordaron proseguir con las conversaciones del 3 al 6 de septiembre.
Resultados tangibles
Vivanco indicó que para que una negociación como la venezolana tenga éxito debe conducir a resultados tangibles.
«Unos resultados que permitan restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela”, precisó.
Esto incluye “terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país», agregó.
Reiteró que para la implementación de un eventual acuerdo se debe contar con un acompañamiento internacional riguroso.
HRW denunció que las autoridades venezolanas «hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país».
