El Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), celebró que la CPI haya escuchado a las víctimas, gracias a lo cual logró hacer el informe publicado recientemente
No hay palabras altisonantes ni amenazas que valgan. El caso sobre Venezuela, abierto en la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene vuelta atrás, por mucho que en la administración de Nicolás Maduro pongan como condición para volver al diálogo que este proceso se detenga.
Así lo afirmaron integrantes del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), quienes celebraron “el avance en las investigaciones”, tras la publicación del reciente informe de la CPI, que contiene testimonios de miles de víctimas y sus familiares.
Creen que el hecho de que las víctimas hayan sido escuchadas es relevante. “Después de dos décadas de espera, las víctimas y sus familiares de los crímenes de lesa humanidad del régimen de Venezuela han sido escuchadas; es un buen primer paso hacia la justicia internacional, no solo en cuanto a la violación de los derechos humanos sino también en sus derechos civiles, sociales y económicos”, reza un comunicado de la ONG.
Catalogó de “histórico” la publicación del informe de la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas (Vprs) de la CPI.
“De manera abrumadora las víctimas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro solicitaron a dicha sala que el fiscal Karim Khan continúe con la investigación de los referidos crímenes. (…) Celebramos este paso histórico que, por vez primera en 20 años, las víctimas venezolanas puedan ser oídas por una jurisdicción internacional, imparcial e independiente”, señala.
“Las víctimas ratificaron mayoritariamente su convicción de que en Venezuela no existe ni voluntad ni disposición de investigar estos crímenes atroces, por lo cual se manifestaron porque la investigación de la CPI continúe”, agregó.
La ONG reconoció que, por un esfuerzo de sus integrantes, también se logró constituir un Comité de Víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad, “a través del cual se remitieron a la Vprs centenares de formularios, que abrigan a miles de víctimas”.
“Esto facilita a la CPI comprender el alcance y dimensión de la acción criminal ocurrida en Venezuela las últimas dos décadas, y que cubre la totalidad de los crímenes previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma”, destaca el comunicado.
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El informe
En el reporte, de 57 páginas de extensión, se compiló la información aportada por los 8.900 presuntos torturados, detenidos arbitraria e ilegalmente y perseguidos políticos, así como de sus familiares, quienes abrumadoramente respaldaron la solicitud que el fiscal en jefe de la CPI, Karim Khan, hizo a la Sala de Cuestiones Preliminares de ese tribunal.
El funcionario pidió autorización para retomar sus averiguaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país al menos desde 2017 por considerar que las autoridades venezolanas no han demostrado una verdadera intención de hacerlo.
«La justicia venezolana no funciona de manera autónoma, solo obedece órdenes de un régimen que tortura y viola los derechos humanos»; en el país «no hay Estado de derecho» o «el Tribunal Supremo de Justicia no solo es brazo ejecutor de la dictadura de Nicolás Maduro, sino el arma más letal que tiene el régimen, porque ejerce un control absoluto sobre la administración de justicia a todos los niveles y controla las decisiones de los jueces» son algunos de los argumentos ofrecidos por las víctimas para respaldar la petición del jurista británico.
