Tras la aprobación de 50 millones de dólares por parte de la AN de Juan Guaidó, destinados al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela, se recuerda la denuncia de la ONG Transparencia Venezuela sobre la opacidad y la falta de rendición de cuentas del interinato
“La falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios– actuales y retirados– del Gobierno interino. Además de diversos reportajes, presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Juan Guaidó”.
El anterior es un párrafo del informe que, en octubre del 2021, publicó la ONG Transparencia Venezuela, tras las denuncias acerca de los “manejos opacos” de los recursos del Estado, en manos del interinato.
Impacto Venezuela cree necesario publicar este informe, debido a que este jueves, la Asamblea Nacional de Juan Guaidó aprobó recursos por el orden de los 50 millones de dólares. El dinero está “destinado al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de Casos de Riesgo Vital para este año 2022”.
No obstante, los dirigentes opositores que anunciaron esta medida, no informaron de dónde sale el dinero. Tampoco dijeron en qué se gastará realmente. De hecho, fuentes opositoras que pidieron mantener su identidad en reserva, manifestaron que “hay gran hermetismo” al respecto.
La gestión de los recursos públicos
Transparencia Venezuela está convencida de que “urge un cambio en la manera como se vienen gestionando los recursos públicos. No solo por parte de Nicolás Maduro sino también por el gobierno Interino. Además de una investigación integral sobre las denuncias formuladas”, acerca del manejo opaco de ese dinero.
La ONG alertó en el informe mencionado que “la opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles efectivos en la gestión pública introducen amenazas serias a los intereses del bien común”. También “quebranta la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Por esta razón, las recientes denuncias que se han hecho sobre el incumplimiento de las responsabilidades del Gobierno interino de Venezuela son de suma preocupación”.
Resalta también que esa opacidad “pone en peligro la recuperación y la protección de los activos de la República”.
Ello “constituye una falta inaceptable y un incumplimiento de los compromisos establecidos en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución”. Este estatuto es un instrumento que aprobó la propia Asamblea Nacional electa en 2015.
La ONG recordó las denuncias acerca de “malversación de fondos públicos y donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta”.
Lamenta que en este caso “la Asamblea Nacional (del 2015) no presentó un informe concluyente que exigiera la aplicación de procesos y procedimientos de transparencia. Además de la contraloría y rendición de cuentas que eliminen las irregularidades administrativas” cometidas.
Los casos
Transparencia Venezuela enfatizó sus llamados de alerta en torno a la Procuraduría Especial y al Fondo de Litigios
Recuerda que “una de las situaciones más delicadas en el desempeño del Gobierno interino” la hizo pública el Procurador Especial de la República, Enrique Sánchez Falcón.
Este “funcionario” se quejó porque la AN del 2015 “no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer la aprobación de esos recursos económicos”. Lo hizo en relación con el “petitorio de los presupuestos requeridos para la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero”.
Bonos Pdvsa 2020
El juicio sobre los Bonos Pdvsa 2020, es otro de los casos que Transparencia destacó como con irregularidades.
Lo hizo porque para el 2021 no se había resuelto el caso satisfactoriamente, a pesar de que “en octubre de 2019, la AN electa en 2015 autorizó a la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa el uso del “dinero disponible a su favor en Estados Unidos hasta por dos millones de dólares”.
Los recursos serían para “el pago de honorarios profesionales asociados a la defensa legal de sus activos. Luego, en enero de 2020, Juan Guaidó solicitó a la AN ampliar el Fondo de Litigios hasta 20 millones de dólares”.
En efecto, “el Fondo de Litigio tenía autorización para gastar 24 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, luego de solicitudes hechas por la Procuraduría Especial, la AN reconoció deudas por pagar hasta octubre de 2020. Las mismas eran de aproximadamente 18,7 millones de dólares”.
Posteriormente, la Junta Administradora ad hoc del BCV mostró, en su informe de gestión presentado el 28 de julio 2021, desembolsos para el Fondo de Litigios a mayo 2021. Los recursos eran por 10,1 millones de dólares del total de los 18,7 millones aprobados. Es decir que para julio 2021 quedaban 8,6 millones de dólares por ejecutar para honrar deudas de 2020.
La opinión pública desconoce, “a la fecha, la posición y explicación de la Comisión Delegada o de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional sobre la alerta del Procurador. Esta opacidad no es materia de reserva o confidencialidad. No se trata de conocer las estrategias legales de la defensa de la República y sus activos en el extranjero. Se trata de la provisión de recursos financieros para el pago de honorarios y servicios legales”.
La Transparencia cree que la AN “compromete su responsabilidad jurídica y política al no aprobar los recursos para esta importante tarea y para la apertura de investigaciones de la Procuraduría Especial”.
El caso Citgo
Luego de 13 años de la expropiación de la trasnacional minera Crystallex, en 2021 un tribunal estadounidense ordenó la venta de las acciones de Citgo a favor de la empresa canadiense.
Por otro lado, en 2017 Nicolás Maduro había ofrecido 51,1% de las acciones de Citgo como garantía de pago por los Bonos Pdvsa 2020, sin la autorización de la Asamblea Nacional.
Ambos procedimientos están paralizados luego de que la administración de Donald Trump en Estados Unidos impidiera en octubre de 2019 negociar las acciones de Citgo.
Es preciso recordar que Nicolás Maduro también ofreció 49% de las acciones de Citgo a la petrolera de Rusia, Rosneft, como garantía frente a un préstamo a Pdvsa en el año 2016.
El ex Procurador Especial José Ignacio Hernández señaló, en una declaración a la Voz de América sobre el caso Citgo, que hay “más de 60 litigios en Estados Unidos. Esos litigios hoy día continúan. Cada vez la situación se complica más porque los acreedores de Venezuela han venido esperando, al menos, desde el año 2017”.
El caso Monómeros
Juan Guaidó designó en 2019 una junta administradora ad hoc para Monómeros Colombo-Venezolanos, S. A., filial de Pequiven y productora de fertilizantes en Colombia.
Un año después, el senador colombiano José David Name instó al gobierno de Iván Duque a intervenir la empresa porque había indicios de corrupción. Esto, los cuales fueron desestimados luego de la rendición de cuentas en julio de 2020.
Sin embargo, no se atendió la denuncia del ex embajador de Guaidó en ese país, Humberto Calderón Berti, sobre la intromisión de representantes de partidos políticos de la alianza opositora en el manejo de la empresa de fertilizantes, ni se emitió un informe al respecto.
La decisión de la Superintendencia de Sociedades, y las diferentes y contradictorias fuentes de información sobre la gestión de la empresa muestran el riesgo de la opacidad en la gestión pública ligada al Gobierno Interino.
La Superintendencia de Sociedades, mediante resolución No. 301-004466 del 20 de agosto de 2021, tomó la decisión administrativa de control de Monómeros.
Sobre esta decisión, la Junta Directiva Ad hoc de Monómeros Colombo-Venezolanos, S. A., señaló que ejercería los recursos legales para revocar la medida. Esto provocó la renuncia de su presidenta, Carmen Elisa Hernández.
No obstante, ni la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional ni su Junta Directiva han aclarado los hechos que motivan la medida administrativa de control.
Sin embargo, el Gobierno interino emitió un comunicado el 15 de septiembre informando sobre la medida de reestructuración y auditoría.
Otros casos
Rendición de Cuentas del Fondo de Liberación, de la Junta Administradora Ad hoc del Banco Central de Venezuela, de la Procuraduría Especial y de las Juntas Administradoras de las empresas Pdvsa, Pequiven, CVG y Bandes
Los días 21, 23 y 28 de julio de 2021, se realizaron actos de rendición de cuentas ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015 de estos organismos.
No obstante, y aunque Transparencia reconoció la disposición de los responsables de estas áreas de la gestión pública, se advierte lo siguiente:
Los documentos presentados corresponden a la gestión de algunas de las instancias vinculadas al Gobierno interino. “Aún no conocemos las rendiciones del Contralor Especial, del Consejo Nacional de Defensa Judicial y de la propia Presidencia”·
El Consejo de Administración del Gasto, responsable del Fondo de Liberación, no publicó el informe exhaustivo. El mismo debería contener “los datos de la administración financiera en formato abierto. Tampoco fue posible visualizar con claridad por problemas técnicos durante la sesión virtual en la que se hizo la exposición el 21 de julio”.
En la rendición se explicó, sobre las funciones del Consejo, los desafíos y los logros en la ejecución de recursos ($61.1 millones de los $80 millones presupuestados en 2020).
Sin embargo, no se detallaron las fuentes de ingreso ni las fechas exactas en las que se tuvo la disponibilidad de los recursos. No presentaron los gastos según la clasificación funcional (o sectorial) ni por partidas del clasificador presupuestario vigente”.
Aunque hubo rendición de cuentas de la Junta Administradora Ad Hoc de Pdvsa, “esta información no está disponible, salvo los datos de Citgo en su portal Web”.
La Junta Administradora Ad Hoc de Pequiven, presentó algunos indicadores de gestión de la empresa Monómeros. “Pero, tampoco fue publicada la presentación ni el informe con soportes de los datos expuestos”.
Las escuetas rendiciones de CVG y Bandes no se acompañaron de presentaciones ni están disponibles los documentos de soporte respectivos.
La Junta Administradora Ad hoc del BCV mostró información sobre sus responsabilidades con relación a la administración y custodia de los fondos de la República en el extranjero.
“Se muestra información de las cuentas generales de los recursos en custodia, los acuerdos de préstamos a la República para los fondos. Se muestra lo que efectivamente se ha transferido y la ejecución de recursos en litigios del BCV”.
Sin embargo, “no se explican las diferencias entre lo acordado y lo efectivamente ejecutado. En la página oficial del ente, aunque se publica el movimiento de los fondos, la información está muy agregada. No está disponible en formato editable”.
La presentación hecha por la oficina del Procurador Especial es un poco más exhaustiva. Muestra información financiera y no financiera de los distintos procesos judiciales llevados a cabo. Además de los logros alcanzados y un balance de los gastos causados, pagados y la deuda actua.
La falta de rendición de cuentas
Transparencia Venezuela había exhortado a los responsables del Fondo para la Liberación de Venezuela de la obligatoriedad de la rendición de cuentas.
Se suman a las debilidades en las rendiciones, “la omisión o falta de publicación de la memoria de gestión y resultados de la Comisión Presidencial de Relaciones Exteriores. Esto incluye a los representantes diplomáticos en el exterior, así como los magistrados en el exilio”.
“La Asamblea Nacional, a la que el Fondo para la Liberación le asignó 14 millones de dólares, también está en deuda con la transparencia en la administración de estos recursos”, dice Transparencia.
La falta de transparencia
Ni el portal de la Asamblea Nacional ni el del gobierno interino contienen información pública y datos de gestión.
No hay registro público de contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a “oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”.
La ONG de alerta que “la opacidad constituye un riesgo de posibles conflictos de interés, de discrecionalidad, de abuso y de corrupción”.
Agrega que “la opacidad es la negación de la rendición de cuentas y del respeto al sistema democrático”. En este, “los activos e intereses públicos no son propiedad de los gobernantes, quienes no pueden decidir libremente sobre ellos. Deben responder a instituciones y a ciudadanos”.
“El Gobierno interino debe entender la urgencia y necesidad que tiene el país de contar con un organismo de control, con capacidad para prevenir irregularidades. La falta de capacidad conlleva riesgos de corrupción y pérdidas por ineficiencias”, insistió la ONG en sus recomendaciones.
Luego de más de dos años de gestionar recursos públicos, “se debe encontrar mecanismos para rendir cuentas de calidad y divulgar la información pública”.
Dice que se debe superar “el argumento de cuidar a los beneficiarios de represalias de Maduro o exponer los recursos a los acreedores. La opacidad por seguridad no se puede seguir usando, mientras no se ha fortalecido un sistema de contraloría independiente”.
