miércoles, febrero 21, 2024

¡LA MENTIRA MÁS GRANDE! El “gobierno obrero” que persigue y reprime a sus trabajadores

Unos 3.512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y ataques por agentes de seguridad en los gobiernos de Chávez y Maduro

El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), capítulo Venezuela impulsado por la ONG Provea, denunció que entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro arreció la persecución a la clase trabajadora y sus dirigentes, contradiciendo una de las principales prédicas de ambas administraciones: la defensa de los derechos de este sector.

A través de un informe, la ONG concluye que el Estado venezolano viola constantemente y desde hace años el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y económicas, y el de los empresarios a promover sus iniciativas, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

“El incumplimiento de las mismas es un factor que contribuye a la persistencia de la situación de emergencia humanitaria compleja donde la respuesta de las autoridades sigue siendo la violencia” destaca el documento publicado por Provea.

Se aclara que el informe se elaboró usando diversas fuentes no oficiales, como los estudios independientes realizados por Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), además de la revisión hemerográfica de las principales actividades y acciones del movimiento sindical durante el año 2022, a lo cual se suman entrevistas a dirigentes sindicales y activistas.

Pero, denuncia “la falta de información de las fuentes oficiales, tales como Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, que no presenta indicadores en materia de libertad sindical desde 2016 ni de firmas de contrataciones colectivas”.

El escrito concluye que “siguen presentes las violaciones a los derechos humanos de trabajadores y dirigentes sindicales producto de la violencia estatal y paraestatal con aquiescencia o complicidad de los poderes públicos, fundamentalmente la violación al derecho a la libertad personal en los casos encontrados”.

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Los conflictos

En el informe se hace énfasis en que persisten los conflictos por “la defensa del salario y los lineamientos ONAPRE”, además de que “hay trabajadores presos por defender derecho”.

Igualmente, denuncia la precariedad del salario mínimo que actualmente sigue en menos de 4 dólares, con lo que aprovecha para alertar acerca de la bonificación de los ingresos.

Esto empeora con “la devaluación de la moneda y la feroz inflación”.

Los lineamientos de la Oficina Nacional de Presupuesto y las irregularidades en el pago de las nóminas de los trabajadores han sido otro foco de protestas, además del desconocimiento de las convenciones colectivas y los beneficios pactados con los sindicatos.

“La respuesta de los sindicatos junto a los trabajadores de base fue aumentar los niveles de exigibilidad y la movilización, exigiendo el cumplimiento de las contrataciones colectivas y los derechos en ellas contenidos”, enfatiza el documento.

A lo que agrega que “como respuesta a las movilizaciones, el gobierno de Maduro ratificó las medidas represivas presentes en Venezuela durante más de dos décadas”.

En consecuencia, “se realizaron nuevas detenciones a líderes sindicales y sociales. Destacaron los detenidos arbitrariamente por tener en común el acompañamiento de las protestas de este año, además de su participación en exigencias de derechos en otras épocas y jornadas. Entre ellas la detención de 6 dirigentes entre el 04 y el 07 de julio; Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortez, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez, defensores de derechos humanos laborales”.

Se cuantifica que “unos 3.512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y ataques por agentes de seguridad en los gobiernos de Chávez y Maduro”.

Uno de los últimos episodios de esta práctica ocurrió hace apenas unos días, con la detención de dos dirigentes sindicales de Sidor, mientras protestaban en reclamo de sus derechos salariales en Ciudad Guayana.

Estos trabajadores fueron traídos a caracas y se encuentran en los calabozos de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgcim).

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