La ONG Acceso a la Justicia elaboró un informe en el cual concluye que las supuestas reformas emprendidas por la administración de Nicolás Maduro al sistema de justicia en el país han sido “puro maquillaje”
La justicia venezolana, en particular su cooptación por parte del Gobierno y su incapacidad para cumplir la misión que le encomienda la Constitución —proteger los derechos de los ciudadanos y castigar las infracciones a la ley— volvió a estar en la agenda de organizaciones y organismos internacionales, pero de manera negativa.
Así concluye el informe anual de la ONG Acceso a la Justicia, en el cual s ehace énfasis en cómo los organismos internacionales consideran que “las reformas legales e institucionales puestas en marcha por las autoridades nacionales en los últimos dos años no han rendido frutos, por cuanto en su mayoría han sido cosméticas”.
Lea también: ONG exigen a la “justicia de Maduro” respeto a DD.HH. de detenidos por corrupción
En la cola
El informe titulado: El estado de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela recuerda que “la justicia venezolana terminó (en el 2022) en el último lugar en el Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), un puesto que comparte con países como Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo, Estados que presentan graves déficits democráticos”.
De la misma manera, se destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por décimo octavo año consecutivo, ubicó a Venezuela en el capítulo IV de su informe anual, conocido popularmente como la «lista negra» de los derechos humanos.
Esto se debe a la injerencia que el Gobierno ejerce sobre otros poderes públicos, en particular la justicia, lo cual «ha derivado en la ausencia del Estado de derecho».
Por no aplicar el remedio
En el escrito también se recuerda que la situación de la justicia fue abordada en extenso durante el III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos al que el país fue sometido en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a finales de 2021.
Durante este proceso se volvió a presentar una hoja de ruta para intentar recomponer la situación, y aunque las autoridades nacionales se comprometieron a fortalecer la independencia judicial, rechazaron todas las recomendaciones que iban dirigidas a restablecerla «como si existiera».
El combate a la provisionalidad reinante entre jueces, fiscales y defensores públicos figuró, como ya viene siendo costumbre desde hace años, en casi todos los informes y pronunciamientos de los distintos organismos internacionales.
El hecho de que los jueces, fiscales y defensores no se han hecho con sus puestos a través de los concursos de oposición ordenados en la Constitución y en la legislación, los hace susceptibles a presiones de sus superiores jerárquicos.
Por otra parte, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys Gutiérrez, al inaugurar las actividades judiciales correspondientes a 2023 aseguró que en el año anterior su administración se enfocó en impulsar la construcción del «andamiaje» para la celebración de los concursos a fin de que los jueces obtengan la titularidad. Aunque mencionó que «solo falta el llamado a dicho concurso», la funcionaria no asomó una fecha.
Puro maquillaje
En el informe se recuerda también que la anterior alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humamos, Michelle Bachelet, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela cuestionaron abiertamente la efectividad de las reformas legales e institucionales aprobadas por las autoridades en el ámbito judicial desde 2021.
Bachelet denunció que las modificaciones que sufrieron instrumentos como el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), por ejemplo, han sido insuficientes para evitar el retardo procesal o el abuso de la detención preventiva.
En el último reporte presentado por la exmandataria chilena sobre Venezuela se destaca lo siguiente:
«El ACNUDH sigue observando frecuentes aplazamientos de las audiencias que dan lugar a detenciones preventivas que se prolongan efectivamente más allá de los límites legales. Las audiencias judiciales se pospusieron en al menos 14 casos, presuntamente debido a la escasez de vehículos o combustible para garantizar el traslado oportuno de las personas detenidas».
En similares términos se pronunció la MDH, que denunció haber verificado casos de procesados que tienen más de tres años detenidos a la espera de juicio, algo que va en contra de lo previsto en la ley.
Por su parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dejó en claro su desconfianza en la justicia venezolana al pedirle a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado permiso para retomar sus averiguaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país desde 2017. Entre las principales razones que justifican sus dudas está el hecho de que las averiguaciones son incompletas (no abarcan a los superiores) y marchan a un ritmo lento.
Más pequeño, pero igual de ineficiente
Uno de los eventos que marcó 2022 fue la sexta remodelación que sufrió el TSJ, luego de que la Asamblea Nacional electa en 2020 reformara la ley que lo regula y redujera el número de sus integrantes desde 32 a 20.
Pese a que la reducción en el número de magistrados también disminuye los costos de negociación a fin de llegar a acuerdos para la aprobación de las sentencias, esto no sirvió para aumentar la productividad ni la eficiencia del máximo juzgado.
Prueba de ello es que Acceso a la Justicia constató que algunas de las dependencias del TSJ tuvieron más de dos meses y medio sin dictar una sola decisión, como es el caso de la Sala de Casación Civil, y la Sala Plena llegó a acumular tres meses sin sentenciar.
Asimismo, no se puede ignorar que el hecho de que el 60% de los magistrados fueran reelegidos no contribuyó a la independencia del organismo.
