La crisis financiera mundial de 2008 y drástica caída de los precios petroleros obligaron a Hugo Chávez a dictar el 25 de marzo de 2009 el Decreto Nº 39146, “Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional”. Los triunfos electorales que mantuvieron en el poder aún con el paro de 2002 y referéndum de 2004, los logró gracias a las misiones sociales, pero invirtiendo en ellas hasta el último céntimo habido en arcas del SENIAT y PDVSA. Sin dinero, populismo y clientelismo no rinden frutos.
“El país no está para fiestas, hay que trabajar y trabajar”, alertó el Comandante, anfitrión desde 1999 del mayor guateque izquierdista latinoamericano. Mandó a eliminar lo innecesario y execrar el consumismo. Luis Tascón (1968-2010), tristemente célebre por arruinar la vida de millones de personas que en 2003 firmaron en favor del revocatorio presidencial, publicando sus nombres en lista utilizada para segregarlos y perseguirlos, captó de inmediato la oportunidad de recuperar la confianza del líder comunista -disminuida por diferencias con sectores del oficialismo- impulsando desde la Asamblea Nacional roja rojita, un proyecto legislativo que cuadraba a la perfección con el empeño fariseo del “supremo” de comenzar a dar el ejemplo poniendo tope a los sueldos de altos funcionarios.
El 12 de enero de 2011 entró en vigencia la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público. Objetivo: fijar límites a sueldos y demás beneficios laborales. De estricto orden público. Aplicable también a personal de alto nivel y dirección, de cualquier origen y ramas del Poder Público nacional, estadal y municipal.
Máximo doce salarios mínimos cobrarían mensual el Presidente; Vicepresidente; diputados; magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Fiscal, Contralor y Procurador General: Defensor Público y del Pueblo; rectores del Consejo Nacional Electoral. Diez, los viceministros; superintendentes; Director Ejecutivo de la Magistratura; presidentes de institutos autónomos y empresas del estado. Ocho, los gobernadores; legisladores, contralores y procuradores estadales. Siete, los alcaldes. Cinco, los concejales; síndicos y procuradores municipales. Incrementos de paga mínima no afectarían la escala.
Varias demandas se intentaron contra la ley en 2011 y 2012, el TSJ ni las miró. El 16 de agosto de 2017 la Sala Constitucional dio la sorpresita mediante fallo 686, resolvió una, interpuesta el 21 de marzo de 2017 por Neidy Carmen Rosal González, legisladora del estado Carabobo, quien impugnó sólo dos artículos.
Juan José Mendoza Jover (ponente) y compañía, sentenciaron calificando la unificación de sueldos para cargos de alto nivel como “drástica rebaja de la remuneración”, violatoria del principio de progresividad. Alegaron que establecer un tabulador modificable únicamente al comienzo del ejercicio fiscal, vulneraba el ingreso monetario justo que debían tener dada la magnitud de sus responsabilidades. Adujeron que no podían permitir la disminución de su calidad de vida y dignidad de subsistencia familiar. Anularon íntegro el instrumento.
Si la meta de la revolución es alcanzar el “Socialismo del siglo XXI”, el salario debe ser igualitario. Es clasismo justificar el favorecimiento de una élite burocrática, con argumentos que amparan más a la desposeída mayoría trabajadora sustento popular del proceso con que se enamoró hace dos décadas a los venezolanos de buena fe.
Interesante sería conocer el monto del paquete salarial que recibe un magistrado de los que dejaron sin efecto la ley, el del pueblo se sabe. Democrático se publique en Gaceta Oficial lo que devengan altos funcionarios. Hay decisiones judiciales cuyos efectos trascienden para bien o mal por años. La comentada mantendrá largo tiempo su nefasta secuela de discriminación… se basó en falacias del “hombre de paja”. O vivimos bien todos o pasamos hambre todos, eso quería el “eterno”, cúmplase.
@doctorgoitia