A una semana de la entrada en vigencia del IGTF, no hay nada claro acerca de cómo y a quien cobrar el impuesto
En Venezuela, donde más del 50% de los pagos se hacen en divisas, se empezó a aplicar un nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Pero, la mayoría de los comerciantes no sabe cómo proceder ni tiene medios para cumplir con la orden.
El desconocimiento y la falta de información, sumados a que los sistemas de cobro no están adaptados, han llevado a algunos establecimientos a suspender, temporalmente, el cobro en divisas, reseña Efe.
La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, informó que “75 % de los comercios reportó que no está en capacidad de recibir pagos en divisas. No han podido completar el proceso de adaptar sus sistemas al nuevo impuesto”, argumentó.
Según Polesel, las máquinas fiscales de algunas empresas “no están en capacidad de adaptar o modificar su configuración para cobrar el impuesto”.
Dijo de “deben cambiar los equipos, lo que cuesta mínimo 600 y hasta más de 1.000 dólares”. Se trata de “un gasto difícil de cubrir ante la falta de créditos”. Por ello, pidió que se suspenda o se prorrogue la orden.
Al menos hasta el 31 de marzo, cadenas nacionales de supermercados, farmacia, ropa, ferreterías y comida, además de otros negocios, aún no habían empezado a cobrar el tributo.
No tenían sistemas actualizados, principalmente porque las compañías de actualización de software “están colapsadas”, explicó a Efe el encargado de un restaurante.
Lea también: HASTA PENA DE CÁRCEL para quienes evadan impuestos en dólares en Venezuela VIDEO-IMPACTO VENEZUELA
Aprovechando la dolarización
Nicolás Chirinos, gerente de una ferretería, aseguró que las autoridades “tratan de tener control” sobre la dolarización.
“El mismo público está preguntando si ya estamos cobrando (el impuesto). De hecho, vino la gente del Seniat, verificó la máquina fiscal y nos preguntó si ya estábamos claros. Hay gente que está vuelta loca con eso”, explicó.
Según la nueva normativa, quienes hagan una transacción en moneda extranjera con la mediación de la banca pagarán entre 2 % y 8 %, dependiendo de lo que, a futuro, establezca el Ejecutivo. Mientras que a las transacciones en divisas en efectivo, hechas a “sujetos pasivos especiales”, se les gravará una alícuota que va de 2 a 20 %.
Pero -aclara la orden- “hasta tanto el Ejecutivo establezca una alícuota distinta”, se cobrará el 3 % a todos los pagos hechos en monedas distintas al bolívar.
Diversos expertos económicos sostienen que, con el nuevo tributo a las transacciones en divisas, el Gobierno busca, por un lado, tratar de aprovechar más la creciente dolarización de las transacciones. Por el otro, incentivar un mayor uso del bolívar como medio de intercambio en detrimento del dólar.
Escasez de bolívares
Los especialistas no ven posible que la medida reviva a la moneda venezolana debido al peso que tiene la divisa en el país.
Para Norexa Contramaestre, aduanera de 71 años, el nuevo impuesto, que lo ve “bastante confuso”, representa “un gran problema para el ciudadano común”. No solo “porque cuesta alcanzar a los recursos”, sino también porque los bolívares, con los que se podría evadir el tributo, “no aparecen”.
“Si los recursos que están en el mercado se adquieren con divisas, que es lo que está imperando, y los bolívares no aparecen, estamos ahorcados. No tenemos los bolívares, no los conseguimos, y ahora 3 % para las divisas. Es muy difícil continuar adelante, para la alimentación, medicinas y servicios básicos”, dijo Contramaestre.
Problemas a resolver
Por otro lado, la firma Aristimuño Herrera y Asociados, alerta acerca de que “hay alarma en el comercio. La mayoría sostiene que no genera caja para pagar ajustar o adquirir máquinas fiscales y añadir a la factura el cobro del IGTF”.
“Los clientes sostienen que este tributo no se justifica y, más aún, implica un cobro injusta para millones de ciudadanos”, agrega.
Sostiene que “el primer problema es la construcción legal del tributo. Hace falta una ley específica, con el debido proceso de consulta pública”. Todo, “en función de generar una contribución bien estructurada y que cumpliera con principios básicos de progresividad, justicia tributaria y adecuación constitucional”.
La firma cree que el Ejecutivo tenía prisa “por tributar a partir de la masa de dólares de casi 3.000 millones que circula en la economía”. Por ello, “generó un ejercicio de improvisación que, como es lógico, deja como saldo una masiva confusión”.
Dice que es confusión es “a niveles tan básicos, como que muchos comerciantes no están claros en si son o no agentes perceptores”.
El otro problema “es de oportunidad. Sin duda alguna, no es el momento de incrementar la presión tributaria ni sobre los agentes económicos, ni sobre la población en general. En un país donde alrededor de 60% de las transacciones se hace con divisas y, en su mayor parte, tienen un componente de efectivo, claro que este tributo llega hasta los estratos más pobres”.
