La ONG Acceso a la Justicia destacó que las multas sobrepasan los 2.600 dólares
Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desechó las demandas de varias universidades contra el Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y emitió las 444, 445, 446 y 447, la ONG Acceso a la Justicia, alertó que las mismas obligan a los 53 implicados, entre demandantes y abogados, a pagar $2.650, a favor de la Tesorería Nacional.
La organización destaca que las sentencias declaran “inadmisible” un recurso de nulidad interpuesto por al menos una veintena de funcionarios que solicitaron dejar sin efecto el instructivo dictado por la Onapre y en el que aparece el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas.
Acceso a la Justicia resalta que las sentencias 446 y 447 se estableció que las partes actuantes incumplieron los extremos de ley, al no acompañar el libelo con original o copia del presunto “acto administrativo”.
El común denominador de los fallos del TSJ establece que: “a cada una de las accionantes y a sus representantes en el presente asunto, (se aplica una multa) de por cincuenta (50) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela.”
No obstante, en un comunicado, firmado por el vicerrector de la UCV, Amalio Belmonte, se argumenta que “la multa que impone la sentencia es una decisión sin fundamento”.
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«Estamos en presencia, una vez más, de la judicialización de la actividad universitaria, la centralización administrativa y la toma decisiones por parte de los organismos del Estado sobre los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, por encima de la autonomía universitaria, la justicia social y el estado derecho, definidos taxativamente en la Constitución Nacional», lamentó.
Las universidades afectadas tienen el caso en manos de sus asesores jurídicos y ya han adelantado que los llevarán a instancias internacionales.
