La Comisión Interamericana está preocupada por la persistencia en la nula separación de poderes en Venezuela y sobre todo en la actuación parcializada del TSJ
La crisis de institucionalidad democrática va de mal en peor en Venezuela, desde hace años. La denuncia la formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual correspondiente a 2021.
En el mismo, la instancia no pasó por alto el hecho de que el Psuv se haya hecho con el control absoluto de la Asamblea Nacional (AN).
Se trata de “la última institución del poder público nacional revestida de legitimidad democrática”, señala la CIDH en su informe, donde se destaca “la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos y que ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho”.
Por esta situación, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene por décimo séptimo año consecutivo al país en su capítulo IV, conocido popularmente como la lista negra de los países en materia de derechos humanos.
La instancia alegó que en Venezuela persiste “una violación grave de los elementos fundamentales y de las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los Derechos Humanos”.
Denuncia que aquello se materializa a través de “un ejercicio abusivo del poder que socava o contraría el Estado de Derecho”. Así como por “la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial” y la ocurrencia de una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático”.
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Sin separación de poderes
La ausencia de la separación de poderes, en especial la cooptación de la justicia por parte del chavismo, es para la CIDH uno de los factores que “ha facilitado la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos”.
Y en este sentido, ratifica que existencia de “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y ataques contra los activistas y organizaciones que promueven las garantías fundamentales”.
La justicia al banquillo
En su informe, el organismo fustiga con dureza la actuación del Poder Judicial, en particular la opacidad con la que actuó en 2021.
“La falta de transparencia y publicidad ha caracterizado particularmente al Tribunal Supremo de Justicia, que ha incurrido en prácticas como proferir condenas públicas mediante comunicados sin notificar a las partes de los procesos; proferir decisiones de trascendencia nacional sin la realización de audiencias públicas”, señala.
Y agrega la publicación “únicamente de la parte dispositiva de las decisiones judiciales, además de notificar decisiones, condenas y medidas cautelares a través de redes sociales como Facebook o Twitter, dejando de lado el uso de autos judiciales”.
Lo más preocupante
La CIDH consideró “especialmente preocupante” este tipo de prácticas por considerar que “pueden acarrear violaciones graves a las garantías judiciales que asisten a todas las personas, como la presunción de inocencia, el derecho a la doble instancia, el derecho a ser oído y el deber de motivar”.
Asimismo, criticó que el máximo juzgado no informe “si los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos”, ni tampoco «el porcentaje de jueces provisionales del país”.
La CIDH tomó nota de los hallazgos realizados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Igualmente, expresó su alarma por la corroboración por parte de la instancia de la ONU de que a los opositores no se les garantizan sus derechos al momento de enfrentar un proceso judicial.
Los más afectados
Para la CIDH la falta de Estado de derecho “generó un ambiente propicio para la comisión sistemática de graves violaciones de Derechos Humanos”, tales como las ejecuciones extrajudiciales, que afectan a los pobres de la población.
Contradictoriamente, las autoridades venezolanas han hecho de la defensa de los más vulnerables su bandera.
La Comisión tomó en cuenta la denuncia de Provea y el Centro Gumilla en relación con que en el primer semestre de 2021 se registraron 825 presuntos ajusticiamientos a cargo de fuerzas de seguridad del Estado.
De la misma manera, recordó que entre 2014 y 2020 la Secretaría General de la OEA documentó 18.093 casos de asesinatos cometidos presuntamente por agentes del Estado.
“El modus operandi identificado por la CIDH indica que las ejecuciones extrajudiciales se cometen primordialmente en contra hombres jóvenes en situación de pobreza durante operativos de seguridad ciudadana”, resalta el escrito.
Y esto ocurre, “más precisamente, en el marco de enfrentamientos simulados durante el curso de procedimientos de rutina, durante protestas, o cuando las víctimas han sido detenidas ilegal y/o arbitrariamente y se encuentran bajo custodia estatal”, añade.
Pero no solo los pobres son víctimas de abusos: “aquellas personas que osan disentir del Gobierno o reclaman sus derechos también tienen altas probabilidades de ser detenidas ilegalmente, maltratadas durante su cautiverio y sometidas a procesos judiciales injustos”.
La comisión instó a las autoridades de Venezuela “restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado”.
