La jueza de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, argumentó que no hay indicios de que las acciones de Villalobos y su esposa hayan constituido “lavado de dinero”
La Audiencia Nacional de España decidió este miércoles archivar, de forma provisional, una de las investigaciones que por blanqueo de capitales se le seguía a varios exfuncionarios de Pdvsa, entre ellos al exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, su esposa Milagros Coromoto Torres y Alfonso Garrido Picón.
Se trata de la causa relacionada con el ingreso de unos fondos a favor del matrimonio, en el Banco de Madrid, con el argumento de que era un “contrato de asesoría” de parte de una sociedad controlada por el matrimonio y radicada en Madeira (Portugal).
Este contrato era ente la entidad Kingsway LDA, con otra institución radicada en Miami (Estados Unidos), Miami Export Equipment, dirigida por Luis Díaz y Luis Javier Díaz, por un importe de casi 10 millones de dólares.
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El caso
En el documento del tribunal, al final de esta nota, la jueza María Tardón acuerda “el sobreseimiento provisional” que es una de las cuatro investigaciones en las que se dividió el caso Pdvsa, por lavado de dinero, en España.
Se señala en el escrito que el contrato no respondía a servicios reales, sino a dar apariencia de legalidad al origen de los fondos controlados por el matrimonio y facilitar su introducción en el sistema financiero español mediante la compra de un inmueble en Madrid, entre otras operaciones.
Al analizar los hechos, la jueza recordó que la actuación ya fue “objeto de investigación en Portugal por supuesto delito de corrupción y blanqueo de capitales”.
A su juicio, con la investigación, “no cabe excluir que nos encontremos ante la prestación de servicios realmente realizados y ante el pago de honorarios derivados de los mismos”.
Agrega que los abogados de Villalobos aportaron documentos “justificativos de que la sociedad Kingsway LDA ha declarado ante la hacienda pública portuguesa los ingresos derivados de las transferencias realizadas por Miami Export Equipment”.
Y sobre la presunta compra de inmuebles en la capital de España, Tardón destaca que de la forma en que se hizo el pago “no parece evidenciar una operativa sospechosa de blanqueo”.
“No cabe, sino concluir que, tras una dilatada y extensa investigación, no resultan indicios bastantes para inferir, en los términos exigibles para continuar el procedimiento penal contra los tres investigados solicitantes del sobreseimiento, que la operativa que es aquí objeto de investigación -la introducción en España de 6.912.829,95 $ -importe total de las transferencias- pueda configurar el delito de blanqueo de capitales que, por ello, se les venía imputando”, concluye la jueza.
La sentencia aclara en que se trata de un archivo “provisional” y que no libera por completo las otras investigaciones sobre el mismo caso.
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