Se trata de los juristas António Pedro Ferreira y João Luz Soares, quienes actuaron a instancias de Baltasar Garzón. El exjuez español es el líder del equipo internacional de abogados de Alex Saab
Dos juristas portugueses instaron a la Justicia de Cabo Verde conceder el arresto domiciliario a Alex Saab. Los especialistas pidieron a las autoridades de esa nación que cumplan con el dictamen del Tribunal Comunitario de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).
Se trata de los juristas António Pedro Ferreira y João Luz Soares, quienes actuaron a instancias de Baltasar Garzón. El exjuez español es el líder del equipo internacional de abogados de Saab, publicó la agencia Efe.
En un comunicado difundido este miércoles, los bogados señalan que la decisión de la CEDEAO es vinculante para la Corte de Apelación de Barlavento. Esta corte rechazó el fallo del Tribunal Comunitario y ordenó mantener a Saab en prisión preventiva.
Pero Ferreira y Luz Soares señalaron que el caso de Saab “se trata principalmente de un tema claro de derechos humanos”. Por ello instaron a ponerlo “residencia domiciliaria permanente bajo la supervisión de las autoridades judiciales” del país africano.
En el documento también se indica que el estado de salud de Saab es débil. Aducen una condición de cáncer existente, un padecimiento del que no se ofrecieron mayores detalles.
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Las acusaciones contra Saab
Saab, que cumplió 49 años de edad el pasado 21 de diciembre, mantuvo siempre bajo perfil. Lo hizo hasta que apareció en la prensa cuando la exfiscal Luisa Ortega lo acusó de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas. Una de ellas es Group Grand Limited.
Un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con cientos de millones de dólares.
Estados Unidos también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
