La decisión del juez aún requiere que el grupo, formado por 10 compañías, cumpla con la fecha límite del 12 de enero para emitir órdenes de embargo contra acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding
Un juez estadounidense concedió este lunes a un grupo de acreedores vinculados a Venezuela derechos para participar en una subasta de acciones en enero de la matriz de la refinería Citgo Petroleum, con sede en Houston.
Recordemos que una demanda que sentó un precedente por parte de la minera canadiense Crystallex Corp vinculó formalmente a Citgo, de propiedad venezolana, con las deudas del país sudamericano y abrió la puerta a que unos 24.000 millones de dólares en reclamaciones se aplicaran a la empresa refinadora a través de una subasta de acciones de una matriz de Citgo, cuyo único activo es la refinería de petróleo.
No obstante, la decisión del juez aún requiere que el grupo, formado por 10 compañías, cumpla con la fecha límite del 12 de enero para emitir órdenes de embargo contra acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding., aclara información recogida por la agencia Reuters.
No se concedió tiempo adicional y no está previsto modificar el nuevo cronograma de subasta emitido este lunes, dijo el tribunal de Delaware.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también se ha reservado el derecho de pronunciarse sobre cualquier oferta ganadora.
OI Glass (OI.N), Huntington Ingalls (HII.N), ACL1 Investments, Rusoro Mining (RML.V), Koch Industries y Gold Reserve (GRZ.V) pueden tener reclamaciones consideradas como sentencias adicionales. Otro grupo de cuatro acreedores, incluido Siemens Energy (ENR1n.DE), que había presentado una moción similar para ser designados acreedores adicionales, también recibió luz verde, dictaminó el juez estadounidense Leonard Stark.
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Las compañía habían tratado de participar “con toda su fuerza y efecto” en caso de que dos de los mayores acreedores en el largo caso -la minera Crystallex y la petrolera ConocoPhillips (COP.N)- lleguen a acuerdos con Venezuela que podrían poner fin a la demanda.
Los acreedores adicionales habían argumentado que necesitaban tener el mismo estatus para proteger sus intereses en caso de un acuerdo y organizar sus propias ofertas de crédito, utilizando sus derechos contra el precio de compra en cualquier venta.
