Darrin P. Gayles determinó que se trató de una especie de “asesinato a sueldo” cometido por “una empresa criminal”, como llamó a la administración de Nicolás Maduro
Un juez federal en Miami ordenó a la administración de Nicolás Maduro $73 millones en daños a la familia del concejal Fernando Albán, quien murió mientras estaba bajo custodia del Estado, en lo que describió como un “asesinato a sueldo”.
A través de la agencia AP se supo de la decisión del juez Darrin P. Gayles, quien emitió el fallo por “rebeldía” o desacato contra lo que califica como “una organización criminal”, por no responder a la demanda interpuesta por la familia del concejal.
En documento, el tribunal determinó que la “empresa criminal de Maduro” es responsable de los delitos federales de extorsión en la muerte de Albán, porque todo su propósito es “ejercer un control autoritario ilegal sobre Venezuela” a través del “narcotráfico, actos de terrorismo y violaciones de derechos humanos”.
La familia de Albán acusó a los funcionarios responsables de su muerte de “pertenecer al Cártel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”.
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El caso
Fernando Albán fue detenido en 2018 a su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía, procedente de Nueva York, donde formaba parte de una delegación que había denunciado a Maduro, en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Murió tres días después, en lo que las autoridades describieron inicialmente como un salto suicida desde el décimo piso de un edificio del Sebin en Plaza Venezuela, en Caracas.
La muerte de Albán provocó la indignación internacional y el repudio de EE. UU. El año pasado, su viuda y sus dos hijos demandaron a Maduro y a varios miembros de alto rango de su gobierno por llevar a cabo “el secuestro, tortura y asesinato del otrora concejal de Caracas”.
El tribunal en Miami dijo que agentes de Maduro siguieron a Albán mientras aún estaba en Nueva York, “tomándole fotos y enviando información a Venezuela que facilitó su secuestro y asesinato cuando regresó a casa.
“El asesinato de Albán fue un asesinato a sueldo porque miembros de la Empresa Criminal de Maduro que cometieron el asesinato recibieron pago (en forma de salarios) del régimen de Maduro”, dijo el tribunal.
También determinó que “el cártel debe pagar $73 millones al patrimonio de Albán por el dolor y sufrimiento causado por su muerte”.
Sin embargo, no está claro cómo los familiares de Albán obtendrán la indemnización.
El único presunto cabecilla del cártel que está bajo la custodia de los EE. UU., es el general retirado del ejército Clíver Alcalá.
El caso de Albán también ha sido denunciado en la Corte Penal Internacional, que investiga denuncias de tortura y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro.
A finales de 2021, el fiscal general Tarek William Saab anunció que dos miembros del Sebin fueron condenados a casi seis años de prisión por negligencia, en relación con la muerte de Albán mientras estaba bajo su custodia.
Entré apelaciones y apelaciones por parte del régimen, esa demanda nunca será pagada a menos en un cambio de régimen o gobierno democrático.