El Bloque Constitucional, organización que dice tener como objeto el rescate de la vigencia de la Carta Magna; integrada por exjueces, exfiscales, académicos, profesores y autoridades de escuelas de Derecho, directivos de colegios de abogados y de la Federación que los agrupa, informó el 21 de septiembre a la opinión pública a través de Cecilia Sosa Gómez, que trabajaba en la elaboración de un proyecto de Ley de Mutación de la Asamblea Nacional.
La iniciativa se presentó a la Comisión Presidencial de Consulta para la Construcción del Pacto Unitario, creada para escuchar a los distintos sectores en el intento por evitar el fraude electoral del próximo 6 de diciembre. Se sustentó en los artículos 333 y 350 de la Constitución.
Lea también: PROTESTAS son reprimidas por segundo día en Yaracuy
El primero establece que ella no pierde vigencia si deja de observarse por acto de fuerza o es derogada por medio distinto al previsto, y en tal eventualidad toda persona, investida o no de autoridad está obligada a colaborar en su restablecimiento; el segundo, que el pueblo debe desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
Se basó también en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia (declarado nulo por el Tribunal Supremo de Justicia), sancionado en febrero de 2019 y cuyo contenido se resume en: Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Su fin es que la Asamblea Nacional elegida para el período 2016-2021 siga existiendo después del 4 de enero, es decir, conviva con la que pueda instalarse el día siguiente para regir del 2021 al 2026.
Guaidó y diputados seguirían indefinidamente como Presidente Interino y parlamentarios, o lo que es igual, ocuparían cargos de representación popular hasta que se produzcan comicios que avale la comunidad internacional.
Toda una entelequia, la “perfección” del instrumento es un fin en sí mismo que hace innecesario desarrollar cualquier acción.
En 2016 la Asamblea Nacional juramentó a diputados del estado Amazonas sin reparar en prohibición que había ordenado el Tribunal Supremo de Justicia por supuesto fraude en la votación, se decretó el desacato y nulidad de sus actos, primera mutación.
En 2017 se constituyó una Asamblea Nacional Constituyente espuria que le arrebató todas sus facultades, segunda mutación. En 2020 fue víctima de “golpe parlamentario” que designó Directiva con forma de “alacrán”, tercera mutación. Sobrevivió.
Guaidó, al dirigirse a la 75° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, pidió se aplicara el R2P, no otra cosa que la asistencia internacional para proteger a la nación de crímenes atroces cometidos por el propio Estado. Mutó, nunca lo había hecho.
La palabra mutación es nefasta, supone alteraciones que sólo causan daño. Algunos científicos dicen que hay buenas, pero que encontrarlas es como hallar una aguja en un pajar.
Venezuela no ha dejado de mutar, por eso sufre la hiperinflación más descomunal que se haya conocido, con los salarios más bajos del mundo; falta de luz, agua, gas, gasolina; colapso del sistema hospitalario y educativo… miseria.
Una Ley de Mutación en un país que muta a cada instante lo enfermaría más. Es un exabrupto el intento jurídico de imponer indefinidamente a Guaidó y actuales diputados, como protagonistas políticos en la crisis histórica que vive lo que queda de República.
La Asamblea Nacional no dejará de existir el 5 de enero, eso sería en democracia, no es el caso.
Estamos en tiempos de guerra, los ejércitos no se disuelven solos; los generales se hacen líderes ganando batallas, no con formalismos, que ellos logren las suyas, pero si hay mejores estrategas, el impedimento de derecho para que asuman el mando, sería un error imperdonable de los juristas.
@doctorgoitia