El diputado por VP denunció las irregularidades con las tiendas Clap y la operación Alacrán, hoy aún no tiene un juicio en su contra, pero está preso en su casa, sin audiencia. Solo se sabe que es por “terrorista”
El diputado de la Asamblea Nacional (AN) Rosalio Ismael León Luque, fue detenido en enero de este año por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Quizá nunca imaginó que su insistencia al solicitar, en el 2018, la investigación sobre los negocios que hacía Alex Naín Saab Morán, le iba a costar ser relacionado con terrorismo.
Aunque tiene una medida sustitutiva por motivos de salud y está en su casa, el proceso de León está en el limbo, puesto que no tiene juicio y ni siquiera una audiencia preliminar.
La periodista Sebastiana Barráez recordó que León llevó, a la comisión de Contraloría de la AN, el 23 de octubre 2018, una denuncia escrita, dirigida a Freddy Superlano para investigar las Tiendas CLAP, con énfasis en las empresas Salva Foods 2015 CA, dirigida por Carlos Rolando Lizcano Manrique y José Rolando Higuera Lizcano y Alex Saab.
Un año después, el 25 de septiembre 2019, sale una comunicación de la Comisión de Contraloría, dirigida a Carlos Lizcano Manrique, que es una certificación de que no hay irregularidades en el caso de las tiendas CLAP ni relación alguna de ellas con Alex Saab. Nunca se investigó lo del fraude que representa el Programa Social, la eliminación de los Abastos Bicentenarios con comida para el pueblo, disfrazándolas en las Tiendas CLAP.
Un año después, el 25 de septiembre 2019, sale una comunicación de la Comisión de Contraloría, dirigida a Carlos Lizcano Manrique, que es una certificación de que no hay irregularidades en el caso de las tiendas CLAP ni relación alguna de ellas con Alex Saab. Nunca se investigó lo del fraude que representa el Programa Social, la eliminación de los Abastos Bicentenarios con comida para el pueblo, disfrazándolas en las Tiendas CLAP.
Después, obviando las investigaciones que los parlamentarios venían realizando sobre Tiendas CLAP, sale una carta firmada por el presidente y vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano y Conrado Antonio Pérez Linares respectivamente, dirigida al primer ministro de Bulgaria, diciendo que todos lo relacionado con las empresas CLAP cumplen con sus requisitos.
El diputado Ismael León Luque quien, aunque era suplente, nunca faltaba a las reuniones de la Comisión de Contraloría empezó a manifestar su curiosidad por lo que estaba sucediendo alrededor de Tiendas CLAP.
Expulsan a Superlano
Hubo una evidente irregularidad. El día previo al anuncio de la entrega de la Ayuda Humanitaria, el 23 de febrero 2019, en la frontera, el diputado Freddy Francisco Superlano Salinas aparece involucrado en un escándalo por lo ocurrido en un hotel de Cúcuta, Colombia, cuando él y un primo suyo, que murió en el lugar, fueron drogados con escopolamina por unas mujeres que conocieron en un sitio nocturno. Desde entonces Superlano nunca vuelve a presentarse ante la Comisión de Contraloría; es designado como presidente de la misma Conrado Pérez de Primero Justicia. Poco después empieza a salir las denuncias de las cartas emitidas por la Comisión y firmadas por Superlano, quien ni siquiera estaba en el país.
El personal de la Asamblea Nacional, específicamente de la Comisión de Contraloría, les dijo a los parlamentarios que el sello de la Comisión no estaba ahí, sino que lo cargaba Superlano Salinas, quien había montado una correspondencia paralela.
Debido a eso, el diputado Ismael León lleva las pruebas contra Superlano ante su partido Voluntad Popular, cuyo caso es analizado por la Comisión de Resolución y Conflicto (CRC) que dirige el doctor Gustavo Velásquez. El 01 de diciembre 2019, luego de un inmenso escándalo, por la investigación del portal ArmandoInfo, VP decide separar de la Comisión de Contraloría a los diputados Guillermo Luces, Richard Arteaga y Freddy Superlano.
“Iniciamos una investigación interna y un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la acusación. Los diputados ya han sido notificados al respecto. Los parlamentarios señalados estarán sometidos a cualquier investigación, medio u organismo independiente que permita llegar al fondo de este caso, garantizar el derecho a la defensa y aclarar su participación en cualquier hecho irregular”, dijo entonces VP en un comunicado publicado ese día 01 de diciembre.
También el partido Primero Justicia accionó contra tres diputados de su tolda y en un comunicado expresó: “Continuaremos la investigación por parte del Tribunal Disciplinario de nuestro partido para los diputados Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, con el objetivo de esclarecer estas denuncias y determinar responsabilidades en caso de que existan”.
El enemigo es grande
Pero si el diputado Ismael León creyó que ahí había terminado el problema, se equivocó. Siguió denunciando casos de corrupción como la llamada Operación Alacrán, que consistió en una estrategia montada desde sectores del Gobierno de Nicolás Maduro, la cual aseguraba que la intención era captar a diputados opositores que, a cambio de hasta un millón de dólares, no votaran por Juan Gerardo Guaidó Márquez para que no repitiera en la presidencia de la Asamblea Nacional.
El 21 de enero 2020 el parlamentario Ismael León se fue a una sesión de la AN que sería en la Casa Nacional de Acción Democrática (AD). Entró al lugar, firmó, dio unas declaraciones sobre los colectivos y se fue a conversar con un amigo entre unos carros en plena avenida pública. Un grupo de hombres, que después se supo eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) lo interceptaron, lo introdujeron dentro de un vehículo y lo encapucharon.
