Siete años después de promulgarse una ley que prohíbe el uso de estos aparatos en los recintos penitenciarios, ¿ahora si se lo creemos?
El Gobierno de Venezuela ha intensificado la lucha para erradicar el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles, siete años después de promulgarse una ley que prohíbe estos aparatos o el acceso a internet dentro de las prisiones, informó este lunes la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista.
“Se hacen requisas diarias para erradicar que los privados (de libertad) tengan esos teléfonos, porque algunos a lo mejor es que quieren comunicarse con sus familiares, pero otros lo usan para otros actos que no deben ser”, dijo la ministra al canal estatal VTV.
Es conocido que los pranes o líderes negativos coordinan desde dentro de los mismos centros penitenciarios crímenes y delitos cometidos en barrios, calles e, incluso, fuera de las fronteras del país.
Explicó que en algunas prisiones, sin especificar cuántas o el porcentaje que representan, el Gobierno implementa un sistema de llamadas a parientes a través de teléfonos habilitados.
En 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora para entonces, promulgó la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, con el fin de prevenir la comisión de delitos desde las cárceles, recuerda EFE.
Pero hasta el momento, las organizaciones no gubernamentales siguen denunciando extorsiones a comerciantes por parte de grupos delictivos que operan desde las prisiones.
Dentro del “plan cayapa”
Por otra parte, la ministra indicó también trabajan en el “descongestionamiento de los centros penitenciarios” por medio de la revisión de penas de los detenidos, a quienes instó a emplearse dentro de las cárceles pues, explicó, dos días de trabajo reducen uno de condena.
Aseguró además que los servicios de las prisiones son “totalmente gratuitos”, por lo que ningún familiar o encarcelado debe pagar por alimentación, asistencia jurídica y de salud, así como por las revisiones de medidas judiciales.
En el informe anual, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que en las cárceles se registró un hacinamiento del 64,19 % durante 2022, con una población reclusa de 33.558 personas para una “capacidad real instalada” de 20.438 plazas.
Con información de EFE
