lunes, mayo 16, 2022

«INTERVENCIÓN LEGAL»: el maquillaje con el que quieren tapar las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Según el periodista especializado Javier Ignacio Mayorca, el uso de la frase «intervención legal» se está implantando en las operaciones de los cuerpos de seguridad donde mueren presuntos delincuentes que «se resistieron a la autoridad»

El 14 de enero, el director del Cicpc, Douglas Rico, informó a través de sus redes sociales sobre lo que desencadenó en la muerte de Giovanny Antonio Milla Godoy. De acuerdo con el jefe de la policía de investigación del país, el incidente ocurrió en el contexto de lo que denominan una “intervención legal”.

De acuerdo a un análisis del periodista especializado, Javier Ignacio Mayorca, con este término se estarían tratando de «maquillar», las muertes de delincuentes, en lo que hasta poco denominaban: «resistencia a la autoridad».


Giovanny Antonio Milla Godoy, apodado Giovanny Caracas, figuraba como un “peligroso criminal” del estado Trujillo. En específico, lo buscaban por el homicidio de Juan Francisco Gutiérrez Hernández, un comerciante de 36 años de edad.


Este caso quizá quedaría sepultado junto a otros cientos que suceden en todo el país, en los que individuos responsabilizados por ciertos delitos mueren en supuestos enfrentamientos.


Pero, en lo referido a Giovanni Caracas, hubo un detalle llamativo. De acuerdo con el jefe de la policía de investigación del país, el incidente ocurrió en el contexto de lo que denominan una “intervención legal”.


No era la primera vez que el funcionario acudía a esta expresión. El 12 de enero, hizo lo mismo al reportar sobre un supuesto intercambio de fuego entre policías y Mario Antonio Navas García, Cuchito. Todo ocurrió en el sector La Pica de Palo Negro, estado Aragua.

Al abundar en detalles sobre este suceso, afirmó que colectaron un vehículo y una pistola “en el lugar de la resistencia”.


Ese mismo día, 12 de enero, las unidades encargadas de recopilar y sistematizar las estadísticas en las policías recibieron una escueta orden. A partir de ese momento todos los casos que anteriormente catalogaban como “resistencia a la autoridad” serían conocidos como “intervención legal”.

No es burocracia


Este parecería ser un detalle netamente burocrático. Pero no lo es. Hasta 2021, las estadísticas de criminalidad eran elaboradas exclusivamente en torno a delitos.

Los principales eran los homicidios, lesiones personales, secuestros, violaciones sexuales, robos y hurtos de todo tipo, y la “resistencia a la autoridad”.

El Código Penal la describe como el uso de “violencia o amenaza para hacer oposición a algún funcionario público en el cumplimiento de sus deberes oficiales”.


Bajo el paraguas de la “resistencia a la autoridad” tradicionalmente han colocado los homicidios perpetrados por funcionarios de cuerpos policiales o militares.

En algunos de estos casos, ciertamente, el agente o militar puede ser eximido de culpa al comprobarse, mediante investigación, que actuó en legítima defensa.

Pero la gran mayoría de los expedientes oculta el resultado de actos alevosos, perpetrados con ventajismo. Este es uno de los puntos que mayor interés suscita en cuerpos internacionales de defensa de los Derechos Humanos.


De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, entre 2018 y 2021 reportaron 18024 muertes por “resistencia a la autoridad”.

Se debe aclarar que no todos los expedientes sobre este delito finalizan con el deceso del supuesto investigado.

El 95,6% de los casos de “resistencia a la autoridad” instruidos en 2020 incluyó la muerte de alguna persona a manos de efectivos policiales o militares.

En 2021, nueve de cada diez expedientes (90%) catalogados como “resistencia a la autoridad” finalizaron con al menos un cadáver en la morgue.


Tarde o temprano, toda esta mortandad con barniz de legalidad llamaría la atención de los organismos que velan por los derechos fundamentales.

También en lugares tan diversos como México y Filipinas, donde los cuerpos de seguridad se hicieron tristemente famosos por su accionar en la “guerra contra las drogas”.

Conflicto político


Pero en el caso venezolano, esta revisión desde afuera comenzó a propósito de conflicto político. También los fallecimientos de opositores y personas críticas al Gobierno ocasionalmente se han ocultado bajo el rótulo de “resistencia a la autoridad”.

El primer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU afirmó que el Gobierno de Maduro sigue un “claro patrón” en este sentido. Dice que trata de colocar las ejecuciones extrajudiciales como casos en los que las personas ofrecieron alguna oposición a las fuerzas policiales o militares.


Este documento se publicó en 2020, y ocasionó enorme revuelo. Más allá de las fronteras, sirvió como una especie de antesala para las decisiones de la fiscalía ante la Corte Penal Internacional.

Y fronteras adentro, la administración de Maduro está obligada a implantar un conjunto de cambios, en una clara estrategia de control de daños.


“Ellos (en el Gobierno) están muy asustados con el tema de la Corte Penal Internacional. En algunos casos, han hecho maquillajes. Pero en otros los cambios han sido reales”, afirmó el abogado y activista de derechos humanos Marino Alvarado.


La implantación de otro nombre a los casos de “resistencia a la autoridad” entra según este experto en el área de lo cosmético.


“Esto parece un interés para generar una predisposición. De entrada, le dan “legalidad” a una intervención que pudo ser irregular. Quieren darle visos legales a muertes que pueden ser arbitrarias. Y si eso es así, ¿para qué las van a investigar? Ya de por sí los casos que se conocían como resistencia a la autoridad no eran investigados”, afirmó.


Maduro ha dado varios pasos con el propósito de tomar las riendas de la narrativa en torno a los temas de seguridad.

La imposición de esta nueva forma de designar el accionar letal de los cuerpos de seguridad vino precedida de otras medidas.

De repente, las estructuras armadas no estatales comenzaron a ser conocidas como TANCOL. Es un acrónimo por “terroristas armados, narcotraficantes de Colombia”.

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