El informe presentado ante el Consejo de DD.HH. de la ONU, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela resalta la constante violación de los derechos de las mujeres
Siempre se ha destacado con orgullo que Venezuela lleva “nombre de mujer” y en más de 20 años de gobiernos socialistas que se han declarado o “feministas” la violación de los Derechos Humanos y la dimensión de la crisis afecta sobre todo a las venezolanas.
Esta es una de las preocupaciones manifestadas en el reciente informe presentado en el 54.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por parte de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela
En el informe destaca su preocupación por “las dimensiones y el impacto desproporcionado de la crisis en derechos del país en las mujeres venezolanas”.
De hecho, habla en detalles sobre aspectos como “la participación política del liderazgo femenino, la violencia basada en el género, incluyendo la violencia política por razones de género, el contexto de persecución y criminalización contra las mujeres y la represión y criminalización contra organizaciones feministas o lideradas por mujeres”, destaca la ONG Cepaz, en un estudio detallado del documento.
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Baja participación
En materia de participación política de las mujeres, la Misión destacó la baja participación del liderazgo femenino y la deuda del Estado de crear un marco normativo que se traduzca en cuotas de participación igualitaria, aunque en los asuntos electorales se establece que debe haber 50% y 50% de participación entre hombres y mujeres.
La Misión mostró su “preocupación por las normativas temporales y de carácter sub legal que regulan la paridad de género en periodo electorales, afirmando que las últimas elecciones regionales y municipales celebradas en el año 2021 significaron un retroceso en esa materia”.
Violencia de género
Asimismo, el documento abunda en destacar los índices de violencia de género en el país, los cuales “siguen siendo uno de los obstáculos más importantes para lograr la equidad”.
La Misión se refirió, en este caso, “a falta de medidas por parte del Estado para garantizar una vida libre de violencia de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Especialmente, resalta lo que se refiere a opacidad en cuanto a la información oficial en las cifras de violencia a través de datos disgregados sobre la forma de violencia, el estado del proceso y las condenas o medidas de reparación adoptadas”.
A juicio de la Misión, “esta situación dificulta la comprensión del problema y la formulación de políticas públicas efectivas”.
En este particular, la ONG Cepaz, a través del Observatorio Digital de Femicidios, documentó que “desde el 1.º de enero hasta el 31 de julio de 2023 un total de 160 femicidios consumados y 93 femicidios en grado de frustración”, han ocurrido en Venezuela.
A esto se suma que “los familiares de las víctimas y las mujeres sobrevivientes víctimas de violencias deben enfrentarse a un sistema que las revictimiza bajo profundas fallas para obtener medidas de protección ante su denuncia, para acceder a la justicia o para obtener una reparación”.
Patrones de persecución, criminalización y violencia política
La política de persecución y criminalización ejercida por el Estado afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
Por ello, la Misión detalló “la forma en la que las mujeres, que son víctimas de los patrones de persecución y criminalización, sufren adicionalmente actos de violencias basadas en el género”.
Así pues, la Misión reconoció que “las mujeres son instrumentalizadas para atacar a hombres líderes políticos de oposición y en este sentido forzar un contexto que permita insertar a estos líderes en denuncias por violencia de género”.
Del mismo modo, alerta que “las mujeres son utilizadas como forma de represalia o para forzar a que la persona perseguida se entregue. Al respecto, la Misión documentó 10 casos de familiares, especialmente mujeres, que fueron detenidas al no encontrar a la persona buscada”.
“Las mujeres también sufren violaciones graves a sus derechos humanos como víctimas directas de los patrones de persecución y criminalización ejercidos por el Estado”, advierte el documento.
En el ámbito político, la Misión ha “observado una dimensión de género en el ejercicio de la violencia política a través de agresiones que se manifiestan en torno al aspecto, inteligencia y capacidades de las mujeres. A juicio de la Misión, este contexto de violencia política impacta negativamente en la participación de las mujeres en la política”.
Igualmente, “el contexto de persecución y criminalización se extiende en las plataformas de medias digitales asociadas al Gobierno, en donde las mujeres también son víctimas desproporcionadas”.
La Misión de Determinación de los Hechos se refirió en su informe a la difusión, a través de estos medios, de discursos y narrativas de odio por motivos de género contra las mujeres.
Violencia sexual en centros de detención
En otro orden, la Misión investigó 15 casos de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en lugares de detención.
Se documentaron “casos de detención el uso de insultos o amenazas basadas en el género como forma de trato humillante y degradante contra personas percibidas como opositoras, especialmente contra las mujeres, que son etiquetadas con insultos como ‘malas madres’, ‘zorras’ o ‘prostitutas'”.
El Monitoreo de persecución y criminalización de Cepaz ha documentado desde el año 2021 y hasta el primer semestre del año 2023 al menos 206 casos de persecución y criminalización ejercidos contra mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, lideresas políticas y ciudadanas, incluyendo familiares de personas perseguidas o criminalizadas.
El cierre del espacio cívico
El espacio cívico en Venezuela está fuertemente reprimido, con lo cual personas defensoras de derechos humanos y otras integrantes de la sociedad civil enfrentan graves riesgos de vulneración a sus derechos.
Sin embargo, las agrupaciones no gubernamentales con presencia de mujeres y liderazgos feministas son víctimas diferenciadas de este contexto.
Así lo ha dejado saber la Misión, agregando además “la diferencia en la tolerancia por parte del Estado hacia las organizaciones de mujeres afines al Gobierno, las cuales son apoyadas y consideradas en instancias consultivas; respecto a las organizaciones independientes, que deben enfrentar la persecución y los ataques a las activistas”.
En ese sentido, un estudio de Cepaz ha permitido determinar que los principales obstáculos que deben enfrentar las organizaciones de mujeres se relacionan con los impedimentos que las mismas instituciones les imponen a este tipo de organizaciones, el entorno de discriminación, dificultades en el acceso a recursos, desde financiamiento directo hasta recursos físicos.
La conclusión es que “el Estado no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de garantía de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas.
La falta de políticas públicas con perspectiva de género, las barreras de acceso a la justicia y la complacencia que ha mantenido el Estado en la crisis de múltiples dimensiones que atraviesa el país y que impacta de manera diferenciada y desproporcionada en las mujeres, mantienen en la agenda internacional los asuntos de género que el Estado ha omitido incorporar en la agenda nacional, con informes contundentes, con recomendaciones y con compromisos que el Estado debe asumir”.
