No hay forma de que el régimen de Maduro pueda desvirtuar lo que ya es evidente ante los ojos del mundo, cientos de víctimas hablaron e incluso funcionarios del DGCIM y del SEBIN para confesar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra quienes defienden y luchan por un cambio en el país.
Nicolás Maduro no puede ocultar más ante la comunidad internacional que ha apoyado y amparado crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos, por eso, no hay forma de que no sea imputado por ello.
El informe emitido por la Misión de Verificación de la ONU reflejó lo que teníamos años denunciando, cientos de torturas, maltratos psicológicos, violaciones y hasta asesinatos cometidos por el régimen de Maduro en celdas clandestinas por parte del DGCIM y el SEBIN, cuerpos de “seguridad” que se convirtieron en cuerpos represores de los venezolanos.
No hay forma de que el dictador y su cúpula corrupta puedan negar las declaraciones y las evidencias de las víctimas, así quedó demostrado en la rueda de prensa de Jorge Arreaza y Tareck William Saab el día 19 de septiembre.
Ambos se abocaron a acusar a Luisa Ortega Díaz, quien, para entonces era ya Fiscal General de la República, de ser parte de las violaciones de derechos humanos, quiere decir que admitieron que durante el gobierno de Maduro e, incluso, en el de Chávez hubo sistemáticas violaciones a los derechos de todos los venezolanos, donde ellos formaban parte del Ejecutivo Nacional.
Aseguraron también que es falso el hecho de que “Maduro tenía conocimientos de violaciones de los derechos humanos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y evitó hacerlas públicas para evitar sancionarlos”; sin embargo, desde el año 2014, diferentes ONG no han parado de denunciar públicamente los atropellos de esos cuerpos de “seguridad” contra la ciudadanía, así como también le exigieron al Ejecutivo Nacional poder verificar las celdas y sitios de reclusión para constatar el estado físico y psicológico de los aprehendidos, pero nunca se les fue permitido.
Asimismo, Arreaza insistió en decir que “desde su llegada” – en 2017- se han imputado a más de 565 funcionarios como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos y a 31 civiles implicados como colaboradores, ¿Será que se les olvidó que antes de ellos, estaba gobernando Chávez? Es decir… ¿Ellos mismos?.
Aún peor, Jorge Arreaza fungía como Vicepresidente Ejecutivo en el año 2013, año en el que tuvo a su cargo al DGCIM y al Sebin, siendo así… ¿Cómo ahora puede decir que Luisa Ortega era responsable de los crímenes y él no?, estas contradicciones existen porque no hay forma de que puedan ocultar los crímenes ocurridos contra el pueblo venezolano y que están a la vista de todos.
A estos dos personajes también se les olvidó explicar por qué si el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó una Misión Independiente de determinación de los hechos en Venezuela para investigar violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014, la comisión no pudo viajar al país para ver de cerca estos temas, ya que no obtuvieron autorización del gobierno de Maduro, que tampoco respondió a las peticiones de información.
La respuesta es sencilla, es de su conocimiento que la importancia de este informe radica en que otorga responsabilidad directa al régimen de Nicolás Maduro y a toda la cadena de mando que va hasta los funcionarios de organismos de seguridad como autores materiales de los crímenes de lesa humanidad. También exhorta a los Estados miembros a iniciar demandas penales contra los perpetradores y a la Corte Penal Internacional a iniciar juicios, y ellos pretendían ocultarlo.
La cadena delictiva del régimen del usurpador, desde el propio Maduro, pasando por Néstor Reverol, siguiendo hasta Diosdado Cabello, como responsables directos de dar órdenes, de pedir detenciones, desapariciones, de saber de violaciones de Derechos Humanos y no hacer nada para detenerlos, quedó descubierta ante los ojos del mundo y es por ellos que intentan fingir una unión y seguridad que ya no existe entre sus filas.
Este informe marca un antes y un después en la justicia que debe existir en nuestro país, es un paso en la dirección correcta del largo camino para la justicia, reparación y no repetición, que al final permita cerrar el ciclo de este capítulo oscuro de la historia de Venezuela, como bien lo dijo nuestro hermano Miguel Pizarro.
No descansaremos hasta que se haya hecho justicia por cada venezolano agredido, vulnerado y asesinado. No retrocederemos en nuestra lucha por restablecer la democracia pero, para ello, es importante que entendamos que este es un momento crucial en nuestra historia y que debemos defender a nuestro país hasta las últimas instancias.
Necesitamos entender que todos somos necesarios, que la comunidad internacional nos ampara y, hoy más que nunca, la dictadura se siente dividida y con miedo. No estamos solos, seguiremos firmes y recuperaremos el país de las oportunidades que todos anhelamos.