Alertan que la medida generará desempleo y empeorará la situación crítica en que ya se encuentra el país
La Cámara de Comercio e Industria de Caracas rechazó la medida de expropiación de parte de Petróleos de Venezuela, sobre varias estaciones de gasolina en la capital y en el interior del país.
En un comunicado, el gremio alertó que esta acción atenta contra el debido proceso y viola las garantías constitucionales relacionadas con la seguridad jurídica.
“Medidas como la adoptada, generan desempleo, afectación directa e indirecta al mercado de productos y bienes generados y prestados en el mercado nacional , así como una lesión a varios empresarios que por décadas vienen realizando de manera sostenida con esfuerzo, de su patrimonio la actividad económica de expendio de combustible y actividades conexas”, alerta el escrito.
Destaca como “un valor esencial del estado de derecho la seguridad jurídica, el concurso de la iniciativa privada en sus distintas manifestaciones de organización empresarial y la República para la generación de empleo, valor agregado, atracción de inversión nacional y extranjera, desarrollo de la economía y, en general, el bienestar del ciudadano, tal como se establece en el artículo 299 de la Constitución”.
El gremio también argumenta que “la reestructuración del negocio de distribución, importación y expendio de combustibles líquidos realizado por PDVSA, de acuerdo con las pautas del Ejecutivo Nacional, no puede conllevar al desconocimiento arbitrario de las relaciones jurídicas de origen contractual, a la aplicación caprichosa de cláusulas exorbitantes y de potestades administrativas, ni a la conculcación de los derechos fundamentales de los concesionarios, contratistas y propietarios
de estaciones de servicios”.
En consecuencia, la cámara exige “la estricta observancia de los derechos fundamentales de las empresas y empresarios y dirigir su acción administrativa de acuerdo con los preceptos constitucionales”.
Igualmente pide que se aplique “de forma irrestricta lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción durante la vigencia del Estado de Emergencia Económica y el Estado de Alarma, especialmente en la garantía del debido proceso”.
Y finalmente demanda que se eviten “actuaciones similares que en nada contribuyen a la reactivación económica del país, al establecimiento y estabilidad de las fuentes generadoras de trabajo, riqueza y bienestar”.
