Para el economista afecto al oficialismo Tony Boza indexar el salario puede ayudar a detener la profundización de la desigualdad en Venezuela
El economista y diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 Tony Boza precisó que indexar el salario del venezolano «no es dolarizar», sino que «es liberarnos del dólar».
«Indexar no es un aumento del salario. Es un mecanismo para impedir que siga cayendo el poder adquisitivo», resaltó.
Defiende la Indexación argumentando que es un mecanismo de corrección con la finalidad de mantener el ingreso real afectado por la manipulación del tipo de cambio: “la circulación de más bolívares no representaría aumento de la demanda de bienes, es proporcional, se ajusta y es garantía de justicia social”.
Boza explica que indexar el sueldo «no es una medida de orden monetario, es de orden distributivo», ya que «detiene la profundización de la desigualdad».
«Para indexar no se necesita incrementar la producción, se necesita distribuir mejor lo producido. Indexar no basta, también es necesario diseñar un plan realista y urgente para incrementar los salarios», añadió en su cuenta de la red social Twitter.
Manifestó que la indexación y la producción «no son contrarios»: «Es necesario incrementar la producción, lo que implica pagar salarios justos».
«La hiperinflación amplió la brecha entre pobres y ricos. Solo el Estado puede corregir esta distorsión aberrante», puntualizó.
Añadió que en el año 2013 el 38% del Producto Interno Bruto (PIB) «era para la remuneración de los salarios. Ya en 2017 era 18%».
«En 2013, el excedente del capital captaba el 31% del PIB. Para 2017 ya alcanzaba el 50% (hoy debe ser más. El BCV ya no publica las cifras)», indicó.
No obstante dejó claro que la lucha por un salario justo «no puede ser la bandera de la burguesía, es un derecho inclaudicable de los trabajadores».
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En este último apartado se refiere, sin mencionarlo, a que quienes parecen los abanderados del aumento del salario son los empresarios y no los trabajadores.
Estos promocionan el lanzamiento inmediato de un “salario de emergencia”, una salida de coyuntura pero que no lo consagra la Constitución, ya que se pagaría a modo de bono y no tiene incidencia en las prestaciones sociales.
