El comisionado denunció que a un año del primer informe de la Alta Comisionada de la ONU, recrudeció la acción de las Faes, fuerza sobre la cual pesan al menos 900 denuncias de ejecuciones extrajudiciales
El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, denunció este lunes que el régimen de Nicolás Maduro no acató ninguna de las recomendaciones que desde el año pasado hizo la Alta Comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet, por el contrario, las violaciones a estos derechos han arreciado.
“Tenemos que agradecer que en Venezuela haya una comisión de las Naciones Unidas”, pero, lamentablemente, “la creación de la oficina del Alto Comisionado en el país no ha sido posible, solo hay tres representantes, cuya su acción es muy limitada”, denunció Prado.
“Es importante la constitución de esa oficina para que realice la tarea encomendada por la alta comisionada”, agregó Prado, durante la presentación del informe “Contumacia Institucional: a un año del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela”.
Prado recordó que Bachellet, por ejemplo, pidió “agotar las vías para el acceso de la población a los alimentos, agua y medicamentos”. Sin embargo, recordó que gran parte de las “protestas que hubo el año pasado fueron para reclamar por la falta de servicios, principalmente de agua y electricidad”, lo cual demuestra que las peticiones de la funcionaria de la ONU no fueron escuchadas.
Torturas, detenciones y ejecuciones
Sobre la tortura, violaciones a los DD.HH, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, el informe de Bachelet fue contundente, en cuanto a que que cesen estas prácticas y sobre todo pidió la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).
En este sentido, Prado remarcó que en el país sigue habiendo gran cantidad de denuncias contra las actuaciones de esas fuerzas y los representantes de la ONU han documentado estos delitos.
“Es un tema muy delicado, porque las Faes siguen actuando. A estas fuerzas se le atribuyen 972 ejecuciones extrajudiciales. En cualquier país del mundo esto tiene que llamar la atención, pero en Venezuela se siguen presentando estos delitos”, aseveró.
“La alta comisionada pidió que se disuelvan las Faes y que se investiguen las ejecuciones, para que los responsables rindan cuentas y las víctimas sean reparadas, lo cual no se ha cumplido. Se han dado casos excepcionales, como el del asesinato del escolta de Iris Varela, los demás casos han sido invisibilizados”, denunció Prado.
“Este fenómeno es particularmente grave si se tiene en cuenta que muchas de las recomendaciones no acarreaban complicaciones administrativas importantes, por el contrario, la disolución de la Faes es algo que se ha podido ejecutar”, agregó.
Otro punto importante del informe de la alta comisionada se refiere a la exigencia de liberación de los presos políticos. “Bachelet pidió que libere a los presos políticos y paren las detenciones arbitrarias, pero esto tampoco se ha cumplido. El grupo de la ONU contra las detenciones arbitrarias se ha pronunciado en torno a varios casos, como el de Juan Requesens y Gilber Caro, pero el régimen ha hecho caso omiso de esas peticiones”, subrayó el comisionado.
“Han aumentado las detenciones arbitrarias y las medidas cautelares que impiden a los detenidos hablar y salir del país”, alertó.
Hizo un comentario aparte sobre la situación de los medios de comunicación y los periodistas, a quienes se les pretende intimidar por cumplir con su deber de informar.
Sobre la petición de “garantizar la imparcialidad de la Fiscalía y de la Defensoría, tampoco se ha acatado, al contrario, estas instituciones han incrementado la persecución”, lamentó.
