Un informe publicado en la revista Salud Pública de México revela cifras graves acerca de la falta de atención a la población migrantes que atraviesa esa nación
Nueve de cada diez personas migrantes sufrieron inseguridad alimentaria moderada y severa durante su tránsito por México y ocho de cada diez tuvieron sensación de sed, pero no tomó agua porque no tenía disponible, no era segura o por falta de dinero para comprarla.
Así lo evidenció el nuevo número de la revista Salud Pública de México: Movilidad, migración y salud en el contexto de la pandemia por Covid-19.
Al presentar algunos de los hallazgos publicados, Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, indicó que estas situaciones adversas prevalecen en población migrante fuera de México.
“Nosotros en un estudio que estamos haciendo con migrantes venezolanos, haitianos y nicaragüenses, en Colombia, Chile y Costa Rica, también encontramos niveles altísimos [de inseguridad alimentaria], incluso en migrantes que ya tenían más de una década en Santiago de Chile”, explicó la funcionaria.
Las mujeres en migración forzada también presentaron mayor prevalencia de problemas de salud frente a quienes migran por razones económicas o laborales.
Las infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como las lesiones son las que más predominan.
El 70 por ciento de estos problemas fueron atendidos en casas del migrante y otras organizaciones sociales que brindan servicios de salud.
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Gobierno reconoce falta de política
Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que el Estado mexicano no ha podido lograr una política coherente en la atención y basada en derechos para la población migrante.
“Cuando uno ve la gran cantidad de actores que está dando este tipo de servicios, uno se da cuenta que el Estado no ha podido llegar a una política coherente en la atención y basada en la protección de derechos para la protección de la población migrante. Hay que reconocer que es una falla en la que hay que trabajar”, dijo, en reseña de las prensa mexicana.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Salud Pública, Eduardo Lazcano, señaló que el estatus migratorio y las barreras lingüísticas restringieron derechos a la salud, alimentación y trabajo de la población migrante.
Por ello se pronunció a favor de la creación y consolidación de política públicas que proteja a la población migrante, pero también indígenas, personas desplazadas por la violencia y a ciudadanos pobres de zonas rurales.
“La migración se reconoce cada vez más como un determinante de la salud. Los migrantes y las poblaciones móviles enfrentan muchos obstáculos para acceder a servicios esenciales de atención médica debido a una serie de factores, como el estatus migratorio irregular, las barreras lingüísticas, la falta de políticas de salud que incluyan a este tipo de grupos sociales y la inaccesibilidad”, manifestó.
Hallazgos fuera de México
La revista también reveló que durante la pandemia del virus SARS-CoV-2, 25 por ciento de los trabajadores jornaleros en Estados Unidos trabajaron en el campo aun cuando dieron positivo a covid-19.
Por ello, investigadores, académicos y autoridades sanitarias coincidieron en la urgencia de fortalecer la colaboración regional y el compromiso compartido entre México y Estados Unidos para garantizar derechos fundamentales de los migrantes.
