El despliegue de la FANB en zonas donde se practica la minería ilegal ha dejado al descubierto la cantidad de delitos que se comente y un parte de armas incautadas, así como varios detenidos
Tras un amplio despliegue que realiza la Fuerza Armada Bolivariana en varios municipios del estado Bolívar, en la lucha contra la minería ilegal, efectivos militares hallaron una nueva fosa común en uno de los campamentos.
La información se conoció este jueves a través del comandante GJ. Domingo Hernández Lárez, quien hizo el anuncio en sus redes sociales. “En municipio Sifontes del estado Bolívar, en labores de intervención a las minas ilegales, FANB localiza restos de osamenta humana en una fosa a cielo abierto”, publicó.
Vale recordar que el pasado 7 de noviembre, Hernández Lárez dio cuenta de una fosa común con osamentas humanas, en un operativo contra la minería ilegal.
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Todo tipo de delitos
Adelantó que en estas operaciones contra la minería ilegal, narcotráfico y trata de personas en la Operación Roraima 2022, lograron capturar a 3 sujetos integrantes de la banda delincuencial Las 3R.
A los sujetos les incautaron armas de guerra, equipos de comunicación, municiones, uniformes y otros pertrechos.
Fue enfático al señalar que la FANB permanecerá desplegada en el territorio nacional garantizando la soberanía.
“No se permitirá el tráfico de contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, la minería ilegal ni ninguna estructura que vaya en contra de las leyes. Venezuela es un Estado de derecho y de justicia”, agregó.
Van con todo
Hernández Lárez advirtió que “todas las instalaciones, estructuras y equipos usados para la depredación del ambiente en áreas prohibidas de minería ilegal, serán desmanteladas y destruidas por violar el ordenamiento territorial establecido en los Planes de Seguridad y Defensa de la Nación”.
Se trata de un duro combate en contra de los grupos armados que generan violencia, trafican con drogas, minería ilegal, trata de personas y comenten ecocidios en los Bosques y Reservas Forestales.
Asimismo, advirtió que “el funcionario público o funcionaria pública que otorgue actos autorizatorios para el desarrollo de actividades no permitidas de acuerdo a los planes de ordenación del territorio en los lechos y planicies inundables de los ríos u otros cuerpos de agua, será sancionado con prisión”.
