Un análisis publicado por el diario La Opinión destaca como el estado apure es el epicentro de los movimientos de los grupos armados irregulares que han ido cobrando poder y se han fragmentado
Los recientes combates en La Victoria, en el estado Apure, en la frontera con el municipio colombiano de con Arauquita, marcan un punto de inflexión en las relaciones de la administración de Nicolás Maduro con los grupos armados del país vecino. También de la estabilidad armada que durante los últimos años se ha mantenido tanto en la región como a lo largo de la frontera entre ambas naciones.
En un trabajo publicado por el diario La Opinión, de Cúcuta, se habla de un proceso de fragmentación de esas relaciones. Sobre todo la de las disidencias de Farc, tras la desmovilización del grupo principal de esta guerra. Esta situación tiene repercusiones en los arreglos criminales entre estos grupos y el estado venezolano.
La fragmentación
Por un lado, el creciente poderío económico de las disidencias del Frente Décimo y de otras estructuras que vienen ganando tracción local en algunas regiones del país. Esto supone un reto para’ Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’. Ellos, hasta el momento habían maniobrado con cierta efectividad para agrupar a las disidencias de las Farc.
Estas disidencias que desde un principio rechazaron los acuerdos de La Habana, han venido creciendo de manera sostenida. Todo en el marco de la lenta implementación de dichos acuerdos y de la violencia desatada contra excombatientes del extinto grupo.
Por otro lado, la Segunda Marquetalia, el grupo comandado por Márquez, Santrich y ‘E Paisa’, ha permanecido aislado militarmente. Esto, sin que su pretensión de reagruparse y recuperar el mando que tuvieron en las antiguas Farc haya llegado a buen puerto. Por el contrario, en lugares como el pacífico nariñense, ambos grupos se han enfrentado militarmente.
Esto no quiere decir que las relaciones entre las disidencias y la Segunda Marquetalia sea de confrontación abierta. De hecho, ‘Gentil Duarte’ quien a Márquez y los demás líderes de la Segunda Marquetalia cuando huyeron hacia Venezuela.
Lea también: EN CAÍDA LIBRE: economista prevé contracción sostenida de las importaciones y exportaciones del país
Apure… la retaguardia
Por ello, el Apure venezolano sigue siendo la principal retaguardia para el grupo de Márquez. Él, en todo caso ha logrado mantener las estrechas relaciones de protección con el gobierno venezolano que habían creado desde la época de las Farc-EP.
A medida que estos grupos residuales adquieren más dinero producto del narcotráfico y otras fuentes sus mandos buscan mayor autonomía. Así se alejan de la posibilidad de que las disidencias lleguen a consolidarse nuevamente como un grupo armado nacional.
Tal es el caso de Ferley, jefe financiero del Frente Décimo. Se ha convertido en uno de los intermediarios criminales más poderosos de la región. Afecta las rentas que otros actores ilegales como el Eln. Y también de agentes corruptos del estado tanto del lado venezolano como del colombiano.
La inestabilidad provocada por Ferley y la expansión económica y militar del Frente Décimo ya provocó incidentes. Los mismos se dieron entre este grupo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Así, en septiembre del año pasado un operativo por parte del Grupo de Acciones Comando terminó con un saldo de quince guerrilleros muertos y otros más heridos.
Ausencia de una política fronteriza
Los acontecimientos se dan además como producto de la ausencia de una política de seguridad fronteriza . También por las ventanas de oportunidad que el cierre de la frontera colombo venezolana genera para el crimen organizado y para grupos armados.
Cómo se ha visto en Norte de Santander, los grupos armados son la autoridad migratoria y aduanera en la zona fronteriza.
Para la investigadora de la Universidad de Oxford, Annette Idler, en la zona de frontera se da un fenómeno denominado como “ciudadanía en las sombras”. Es decir, comunidades que han permanecido al margen de los servicios públicos proveídos por el Estado.
Allí las economías ilegales se han convertido en las principales formas de subsistencia y de movilidad social. Esta ciudadanía está constituida sobre el ejercicio de la autoridad y la justicia impartida por grupos al margen de la ley.
En el caso de Apure las diferentes guerrillas se comportan de manera muy similar en términos del control social.
Asesinatos selectivos, amenazas y extorsiones constituyen la manera esencial de relacionarse con las comunidades. Al romperse el equilibrio entre grupos armados con sectores corruptos del estado venezolano, el orden social se vuelve altamente inestable. Esto hace que las comunidades queden expuestas a los abusos de unos y de otros.
Así lo evidencia la presunta masacre cometida por fuerzas de seguridad venezolanas contra una familia en El Ripial. Posteriormente los presentaron como guerrilleros del Frente Décimo.
Además del desplazamiento de más de 5.000 personas hacia Arauquita, este episodio es en un nuevo capitulo del extenso conflicto binacional.
