Según la dirigente opositora, Delsa Solórzano, lo que Maduro pretende es disminuir las denuncias de crímenes de lesa humanidad ante la CPI
La dirigente opositora Delsa Solórzano denunció que la administración de Nicolás Maduro estaría presionando a víctimas de crímenes de lesa humanidad. Dijo que les piden que desistan de sus denuncias.
Solórzano asegura que de esta forma Maduro quiere decirle a la Corte Penal Internacional (CPI), que en el país se está “haciendo justicia”.
“El régimen está pretendiendo, a través de otros artilugios, evadir la justicia, para lo cual están contactando a las víctimas de crímenes de lesa humanidad”, dijo, en rueda de prensa, reseñada por Efe.
Explicó que se trata de las víctimas de los delitos cometidos desde 2014 para acá y muy particularmente de 2017.
“Les piden que cierren los casos, para decir que se hizo justicia”, expresó la exdiputada.
Solórzano no detalló a qué víctimas estaría contactando el Gobierno de Nicolás Maduro, ni brindó pruebas sobre su afirmación, sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es “disminuir el número de casos y así también decirle a la Corte que se está haciendo justicia en Venezuela”.
“Nosotros hacemos un llamado a las víctimas para que estén atentos a esto”, agregó.
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Lo que hace la CPI
El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el 21 de abril su deseo de seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela. Esto, a pesar de que Caracas le haya pedido oficialmente que deje esa investigación en manos de las propias autoridades judiciales del país.
Khan notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte que Venezuela le pidió dejar las investigaciones en manos de las autoridades nacionales.
La administración de Maduro hizo esto sobre la base de que está investigando o ha investigado a los involucrados con crímenes de la competencia de la CPI.
El Estatuto de Roma
El Estatuto de Roma, fundacional de la CPI, exige que el fiscal acepte la solicitud de Venezuela. Pero también establece que presente una petición a la Corte solicitando autorización para reanudar sus propias investigaciones.
Y esto es lo que hizo Khan, solicitud que incluirá las observaciones pertinentes de las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en el caso.
Khan ha “llegado a la conclusión de que no se ha presentado nueva información (por parte de Caracas) que justifique una revisión” de su anterior evaluación.
Ante esta circunstancia, le corresponde a la Sala decidir sobre el procedimiento a seguir. Todo, una vez el fiscal haya presentado su solicitud de continuar con las pesquisas.
Más casos a la CPI
La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela (Red-CLH) remitió este miércoles otros 36 casos a la Fiscalía de la CPI. Con estos ya son 50 los que ha enviado al tribunal.
Desde 2021 la ONG ha registrado más de 300 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014. Además, los 14 que constituyeron un informe con varias actas porque cumplen los requisitos que establece en Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad.
El caso venezolano se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Las denuncias datan, desde, al menos, abril de 2017, durante las manifestaciones en todo el país.
