El ministro del interior Prada, presentó el proyecto de ley radicado, con el que se pretende tener una política de negociación con el ElN y otros que vengan en el camino
Con el deseo de sentarse a negociar el fin de las hostilidades con el ELN, y con la promesa de campaña denominada “paz total”, los representantes del gobierno del presidente Gustavo Petro presentaron en la mañana de este martes un proyecto de ley que, a la larga, sentarían las bases para futuras negociaciones con otros grupos armados ilegales.
Entre las disposiciones se encuentra la definición de qué es un grupo armado ilegal, y apegándose a la clasificación del Derecho Internacional Humanitario, registra que “se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
Bajo este precepto, el proyecto de ley detalla cinco puntos fundamentales para la “paz total” propuesta por el presidente Petro.
Política de paz será prioridad
El proyecto de ley plantea un asunto plasmado en la Constitución: el Estado debe buscar y velar porque en el territorio colombiano haya paz y debe hacer los esfuerzos necesarios para conseguirla.
En este punto, el proyecto de ley señala que “la política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.
Como desarrollo, el documento plantea que a quien el gobierno designe estará facultado para adelantar negociaciones con los distintos grupos armados ilegales presentes en los territorios (que cumplan con la definición contenida en el proyecto), cuyas acciones conlleven a la pacificación de las zonas donde se dialogue. Los acuerdos serán verificados por el Gobierno y contarán con una veeduría internacional.
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Zonas de concentración
Con el fin de lograr avances significativos en la negociación, el Gobierno nacional y los voceros o designados por los grupos armados ilegales sentados en una mesa de diálogo definirán la necesidad de concentración de los combatientes en distintas zonas geográficas del país, las mismas que no podrán estar ubicadas en los cascos urbanos de aquellas localidades donde se designen.
“En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”, propone el articulado.
El gobierno precisó que no se trata de una zona de distensión como la que se vivió con las Farc en la negociación entre 1998-2002, porque habrá presencia de la Fuerza Pública y delimitación territorial, además del acompañamiento internacional del proceso que se adelante en esas zonas.
Regiones de paz
No solo en las zonas de concentración se adelantarán diálogos con los combatientes después de ser certificados como tales por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Si así lo considerara, el Gobierno podrá “constituir regiones de paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz.
Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como ZOMAC, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”.
Fondo Especial para la Paz
Para adelantar las negociaciones, el gobierno propone crear un fondo especial denominado Programas Especiales para la Paz sobre el cual recaerán los recursos necesarios para desarrollar las mesas de diálogo. Este fondo integra los ya existentes en uno solo y pasará a discrecionalidad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
“Créase el Fondo de Programas Especiales para la Paz, como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin personería jurídica, administrada como un sistema separado de cuentas, cuyos gastos serán ordenados por su director(a), bajo la orientación y el direccionamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que actuará en consonancia de las decisiones adoptadas en la materia por el Presidente de la República, y el Gabinete de paz”, detalla el proyecto.
Una de las formas para obtener recursos para este fondo serán los Bonos de la Paz, que se crearán con esta Ley en caso de ser aprobada. Además, “se podrán crear fondos fiduciarios, celebrar contratos de fiducia y encargos fiduciarios, contratos de administración y de mandato y las demás clases de negocios jurídicos que sean necesarios”.
Dentro de los puntos propuestos está que los jóvenes decidan si desean prestar servicio militar (que dejaría de ser obligatorio) o un servicio social para la paz que tendría una duración de 12 meses, sería remunerado y se enfocaría en zonas alejadas con trabajos sociales como alfabetización, trabajo con víctimas, entre otros.
