miércoles, junio 29, 2022

FRAGILIDAD JURÍDICA: el flagelo que echa por tierra «las condiciones electorales» para el 21N

Hasta el momento ha habido «cambios» en algunos aspectos que la oposición considera claves para lograr las condiciones electorales para participar en los comicios, pero no son suficientes y aún hay dudas

Venezuela se encamina a un nuevo proceso electoral. Esta vez local y regional, en un escenario de cambios en cuanto a las condiciones para garantizar su transparencia. Pero esas condiciones aún están cuestionadas por diversos sectores, debido al momento y a la forma en que ocurrieron estas modificaciones. Por ello, las dudas sobre estos comicios se mantienen sobre la mesa.

La designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)y la disposición a permitir una observación internacional. También destaca la habilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Estas son algunos de los cambios realizados de cara a estos comicios.

Todos ellos demandados en el pasado por la oposición venezolana, pero negados para entonces, bajo argumentos relacionados, en el caso de la MUD, con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y en el resto, vinculados con asuntos diplomáticos o a la falta de tiempo.

Los sectores de oposición y organizaciones civiles resumen esta situación en una frase: decisiones políticas.

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Las dudas

El director de la organización Súmate, Francisco Castro, explicó que algunas de estas decisiones, como la del caso de la MUD, ponen de manifiesto la «fragilidad jurídica del proceso electoral».

«¿Por qué? Porque esa tarjeta se encontraba inhabilitada como resultado de decisiones asociadas a tribunales del país», reiteró Castro, en entrevista con Efe.

Recordó que primero hubo señalamientos contra el bloque por un supuesto fraude en la recolección de las firmas para impulsar un referendo revocatorio Nicolás Maduro.

Y después, por un «asunto asociado a la doble militancia». Es decir, que los partidos que conformaban el bloque no podían ser parte de esa tarjeta y de sus organizaciones al mismo tiempo si querían participar en elecciones.

Entonces, el CNE inhabilitó la tarjeta argumentando que obedecía a ordenes del máximo tribunal del país. Pero ahora la institución, bajo el control de tres rectores vinculados al chavismo y dos a la oposición, informó que la credencial está habilitada. Esto sin aclarar si hubo algún tipo de ordenamiento del Tribunal Supremo.

Pero, además, la habilitación ocurre en un momento en el que la oposición que se aglutinó en esta gran alianza se encuentra fracturada. Sus líderes más conocidos están inhabilitados políticamente y los partidos más grandes están intervenidos judicialmente.

«Aunque, sí, en efecto hay algunas señales que pudieran indicar ciertos niveles de apertura. Si hacemos los análisis en profundidad nos damos cuenta de que fundamentalmente no se están dando las condiciones para que verdaderamente asistamos a un proceso electoral competitivo», sostuvo Castro.

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¿Participar o no?

Sin embargo, aún con este escenario, hay opositores dispuestos a participar en las elecciones regionales. En su mayoría -hasta el momento-, son parte de una nueva alianza surgida entre los partidos más pequeños. Además de exmilitantes de organizaciones acusados por supuesta corrupción o antichavistas del ala menos radical.

El grupo considera que no se deben abandonar espacios y perder la oportunidad de participar en unos comicios.

Los líderes tradicionales de los más grandes partidos de oposición no se han pronunciado con rotundidad sobre si participarán o no. Uno de esos casos es AD que está intervenido.

Este partido es un ejemplo del complejo panorama electoral. AD formará parte del proceso electoral, pero con la directiva nombrada por el TSJ y no con su junta tradicional. Por ello, la oposición denuncia un «secuestro» o «robo» de sus organizaciones.

También está el caso de Voluntad Popular (VP), el partido en el que ha desarrollado su carrera política el líder Juan Guaidó.

Uno de sus dirigentes más conocidos, el exparlamentario Freddy Guevara, cercano a Guaidó, está detenido desde hace más de dos semanas. Lo acusan por supuestos vínculos con grupos paramilitares y con los hechos viokentos de la Cota 905.

Son estas situaciones las que ponen a dudar a la oposición que se aglutina alrededor de Guaidó, acerca de las condiciones para que se celebren elecciones «libres, justas y transparentes».

Este grupo político considera que la convocatoria de elecciones se realizó a conveniencia del Gobierno y argumenta que la designación de los nuevos rectores fue «impuesta» por un Parlamento que señala de ilegítimo debido a la forma en que fue electo.

Y sobre la designación de rectores, el director de Súmate recuerda que hubo «irregularidades» en el proceso debido a que sus integrantes tienen vinculaciones políticas, a pesar de que la ley establece que tienen que ser independientes.

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