Los partidos implicados en el caso relacionado con la visita de Delcy Rodríguez a España, pese a que está sancionada y no puede visitar países europeos, solicitaron a la Fiscalía que baje los montos en euros que tienen que pagar
La Fiscalía en España se opuso a la solicitud que ha hecho el partido Laócrata de que se reduzca la fianza de 5.000 euros que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal le impuso para poder presentarse como acusación popular en la causa en la que se investiga el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, caso conocido como el “Delcygate”.
Así consta en una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid con fecha de este lunes, y al que ha tenido acceso a Europa Press.
Allí se señala que la Fiscalía presentó un “escrito de oposición al recurso subsidiario de apelación interpuesto por el Partido Laócrata contra el auto de 4 de marzo de 2020 que fijó la cuantía de 5000 euros como fianza para el ejercicio de la acción popular por dicho partido”.
Esta fianza fue recurrida ante el propio juez por los ‘laócratas’ al considerar que les había sido fijada una cantidad “desproporcionada” y no acorde con su capacidad económica, lo que, en su opinión, supone un impedimento para ejercer la acusación popular en este asunto, publicó Infobae.
El informe
El magistrado instructor solicitó entonces un informe a la Fiscalía para que se pronunciase sobre este recurso, si bien el asunto se encuentra en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, ante quien también se recurrió la fianza, por lo que, según indica la diligencia de ordenación, se ha acordado su remisión para que tenga conocimiento.
Por su parte, el PP, que también ha solicitado poder sumarse en la causa como acusación popular, también apeló la fianza interpuesta de 40.000 euros, por lo que el juez Serrano Arnal vuelve a solicitar al Ministerio Público que se pronuncie al respecto, según indica dicha diligencia.
En cuanto a Vox, para quienes se solicitaron 20.000 euros, se le “requiere que justifique documentalmente la prestación de fianza que alega haber efectuado, toda vez que no existe constancia de tal hecho en este juzgado”, señala.
Causa paralizada
La causa se encuentra paralizada desde el pasado mes de febrero cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid aceptó las querellas de Vox y Laócrata por el encuentro que tuvo lugar en la madrugada de del 19 al 20 de enero, por si los hechos fueran constitutivos de delitos de prevaricación y desobediencia, ya que contra la ‘número dos’ de Nicolás Maduro pesan sanciones europeas.
Así, entre las primeras diligencias acordó solicitar al Ministerio del Interior que remita la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios y encargados responsables de llevar a cabo el protocolo para atender a la llegada de mandatarios.
El magistrado también recibió la declaración jurada ante notario del vigilante de seguridad privada que presenció la reunión y que asegura que Rodríguez “pisó suelo Schengen y que introdujo dos carros de maletas en España”, ya que se trata de un documento que forma parte de la querella presentada por Vox, según informaro fuentes jurídicas a Europa Press.
Además, las mismas fuentes consultadas han apuntado que las peticiones que han hecho los partidos que pretenden estar en la causa como acusación popular en las últimas semanas no pueden ser atendidas, por el momento, por el juez instructor debido a que sus fianzas están recurridas y por tanto no se ha formalizado su personación en la causa.
