Esta es la segunda vez que el fiscal Tarek William Saab emite orden de captura contra los directivos de Monómeros elegidos por la AN de Juan Guaidó, pero en esta oportunidad tienen una ventaja, el presidente de Colombia es Gustavo Petro, lo que podría facilitar el proceso
Una orden de captura internacional contra los 23 directivos de la empresa venezolana de fertilizantes en Colombia, Monómeros, informó el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.
Esta directiva fue nombrada por la Asamblea Nacional de la administración de Juan Guaidó y ya en 2020 la Fiscalía había acordado las órdenes de captura, pero este viernes la ratificó.
Monómeros es el centro de disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó a quien la Fiscalía le tiene abierta una investigación por designar a los miembros de la junta directiva de la empresa que pasó a su control, luego de recibir en 2019 el apoyo del gobierno del expresidente de Colombia Iván Duque como “presidente interino” de Venezuela.
“El Ministerio Público está preparando un equipo de cinco funcionarios de alto nivel, tres fiscales que llevan el caso de Monómeros más dos directores vinculados al tema de la lucha contra la delincuencia organizada y contra la corrupción, para que en el propio territorio colombiano se pueda recabar toda la información actualizada”, dijo el fiscal general a la AFP.
Queremos que “haya justicia, se den las extradiciones que hemos solicitado y que reine la máxima sanción en contra de estos criminales de la patria”, añadió.
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Saab no identificó a los directores que tienen orden de captura, pero si explicó que están acusados por los supuestos delitos de “usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
La junta directiva de Monómeros está integrada por un equipo de 15 personas, encabezado por Guillermo Rodríguez, quien figura como gerente general.
La Contraloría General también ha informado que impondrá medidas contra los directivos: inhabilitaciones, prohibición de salida del país y movilizar cuentas bancarias en Venezuela.
La empresa es objeto de profundos cuestionamientos por parte del gobierno de Maduro e incluso de la oposición venezolana que se ha enfrentado con Guaidó por este tema.
Los directivos de la empresa han sido señalados de cometer irregularidades y de buscar la quiebra para rematar la firma.
En 2021, el sindicato de la compañía denunció un contrato, anulado después del escándalo, para traspasar 60% de las utilidades a una empresa privada panameña, así como pagos por “asesorías” que tildó de “innecesarias”.
Partidos opositores venezolanos como Primero Justicia (PJ) o Acción Democrática (AD) han marcado distancia con Guaidó por este tema.
