El Fiscal Francisco Barbosa anunció la detención de varias personas. Entre ellas hay funcionarios públicos y miembros de ONG que apoyaban a las disidencias de las FARC en sus actividades delictivas
El Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, anunció el inicio de una ofensiva contra las disidencias del frente décimo de las Farc. Las mismas operan en la frontera entre Colombia y Venezuela.
La actividad se hizo “en coordinación con el Ejército y la Policía. Pudimos dar un golpe muy importante contra las disidencias del Frente decimo de la Farc”. Estas “delinquen en zona de frontera de Venezuela”, dijo, en un video difundido por Twitter.
Las acciones también van contra “el Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3), encargado de liderar las masas urbanas que han causado tanto daño en los últimos 46 días en el país”, reseñó el Fiscal
Barbosa también informó sobre “la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales”. Estas hacen parte “de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región”.
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Rechazo total
“Hay indicios de que estos funcionarios involucrados otorgaban contratos auxiliadores de la disidencia”, detalló Barbosa.
Asimismo, se informó que entre los detenidos se encuentra “un secretario de la Gobernación de Arauca. También “dos concejales (de Fortul y de Saravena), un secretario de la alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y 4 personas que habrían obtenido vehículos de la UNP con amenazas falsas”.
Igualmente, informó de la captura de una enfermera “quien presuntamente utilizó un documento de la UNP para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates”.
Dijo que los llevó “al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito”.
“No es posible aceptar que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza. También el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia”, dijo el funcionario.
Del mismo modo, “no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo. Tampoco que permitan que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, señaló el Fiscal.
“No hay derecho a que estos delincuentes le quiten la posibilidad a tantas víctimas de este país a una verdadera protección, inventándose amenazas y, al mismo tiempo, utilizando la misma protección que les da el Estado para continuar y realizar actividades criminales”, agregó.
