viernes, marzo 29, 2024

Por el caso PDVSA: Exviceministro chavista pide a la Audiencia Nacional citar a Maduro

A raíz de un informe policial del verano pasado, la defensa del exviceministro alega, que es necesaria la declaración de Maduro y del antiguo alto cargo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) César Rincón

El exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa ha pedido que Nicolás Maduro, sea citado como imputado o testigo en la causa judicial abierta en España por supuestas operaciones irregulares de la petrolera estatal, PDVSA.

Alvarado Ochoa fue viceministro de Desarrollo Eléctrico en la época del fallecido Hugo Chávez, que gobernó entre 1999 y 2013, cuando murió.

La defensa del exviceministro ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional española, al que tuvo acceso EFE este viernes, en el que considera necesaria la declaración de Maduro y del antiguo alto cargo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) César Rincón, a raíz de un informe policial del pasado verano.

Argumenta que la Policía española atribuyó a Maduro, en dicho documento, “responsabilidad en los hechos objeto de la instrucción” en su condición de “director miembro de la junta directiva de PDVSA” en 2012.

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¿Por qué piden citación a Maduro?

La defensa se basa en que el informe “alude reiteradamente a la responsabilidad directa de los miembros de la junta directiva de PDVSA en las operaciones de compra” investigadas, al ser “plenos conocedores” de las mismas.

Solicita, asimismo, la declaración de César Rincón, que tuvo cargos en la gerencia de PDVSA y de Bariven, su filial de compras, por haber intervenido supuestamente en “operaciones de compra” que figuran en la causa “por más de 615 millones de dólares“.

La jueza Tardón investiga en esta pieza del denominado “caso PDVSA“, tras una querella de la compañía, supuestas “operaciones de disimulación y camuflaje, con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito“, que se habrían llevado a cabo “mediante un entramado de sociedades mercantiles y personas interpuestas“.

La demanda sostiene que los “beneficios ilícitos” obtenidos por la supuesta “organización criminal” fueron, al menos en parte, “blanqueados” en España, según uno de los autos de la magistrada.

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