Luisa Ortega Díaz asegura que la presión internacional fue determinante en la nueva posición de la Corte Penal Internacional
La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, informó que el expediente de Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI), tiene al menos 2.000 pruebas consignadas por su despacho.
“En el expediente de Venezuela ante la CPI cursan más de 2.000 pruebas que nosotros consignamos. No solamente cuando se hizo la denuncia original el 16 de noviembre de 2017. También las que hemos consignado con posterioridad ampliando el caso”, explicó en entrevista con El Nacional.
Se refiere al último pronunciamiento de la CPI donde afirman que hay indicios de que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. “Es probable que la fiscal usara estas pruebas para acompañar la solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares”, Esto “para que la autoricen a iniciar la investigación”, precisó Ortega Díaz.
Entre las pruebas que ha recibido la CPI sobre el caso de Venezuela se encuentran protocolos de autopsias, inspecciones de los sitios de los sucesos, testimonios, declaraciones de víctimas y registros fotográficos.
A su juicio, la presión internacional e un factor determinante en la posición de la CPI. Destacó que es necesario que se siga trabajando para que esa investigación sea un hecho.
Por otro lado, relató que ella sabía, desde hace un mes, lo que iba a decidir la fiscalía de la corte. “Teníamos claridad de lo que iba a ocurrir. Así como nos enteramos, el régimen también estaba informado”, aseguró.
Dijo que por esa razón el régimen “desató una campaña e inventaron aquello de que había en Colombia un procedimiento en mi contra“. Esto “con el único objetivo de decir que el procedimiento ante la CPI es impulsado por una persona perseguida por la justicia. Es lo que yo presumo”, dijo.
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Lo que viene
Ortega Díaz informó que ahora la fiscal Bensouda debe presentar el caso, con toda la documentación pertinente. Lo hará ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.
“Si ella ya declaró públicamente que cree que existen fundamentos para pensar que en Venezuela se cometieron delitos de lesa humanidad, es probable que ya haya hecho esta petición. Nosotros estamos verificando si efectivamente la Sala de Cuestiones Preliminares ha recibido la solicitud”, adelantó.
Una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI revise el caso, puede remitirlo nuevamente a la Oficina de la Fiscalía para que se inicie la investigación.
Asimismo, en el expediente se incluyeron sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano donde se demuestra que hay una clara política de Estado de violar sistemáticamente los derechos humanos de la población civil. Están además especificaciones de los instrumentos que fueron creados por el régimen de Maduro para reprimir y perseguir a la población.
“El tiempo que puede tardar la CPI en iniciar esta investigación depende totalmente de ellos. No hay un plazo señalado. Pero los actores sociales interesados en impulsar este proceso juegan un papel fundamental. Yo creo que la presión internacional fue determinante para la decisión de la corte. Ahora hay que hacer el mismo trabajo para que la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie”, indicó.
