Los niños con patologías sufren los embates de una crisis que desde hace más de siete años nadie se ha preocupado por buscarle una solución
La situación del sector salud en Venezuela, cada vez es más crítica. Los niños con alguna patología se encuentran desamparados ante la ausencia de políticas públicas en el país.
Este martes, se conoció el fallecimiento de Winder Rangel de 11 años de edad, paciente del servicio de Nefrología del Hospital Infantil José Manuel de los Ríos.
El niño formaba parte de los más de 15 pacientes que se dializan en este centro de salud, informó el porta Correo del Caroní.
Rangel se convierte en el paciente 11 de este servicio que muere en lo que va de año, según la organización Prepara Familia.
Esta organización se encarga de velar por los niños, niñas y adolescentes, así como de las madres cuidadoras.
Hace siete días falleció Niurka Camacho, una adolescente que a sus 15 años había librado una dura batalla para lograr su anhelado trasplante renal.
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Era su mayor deseo para poder, finalmente, dejar las máquinas de diálisis y volver a una vida fuera del hospital.
Katherine Martínez directora de Prepara Familia, explicó que este servicio cuenta con 15 máquinas de diálisis.
Sin embargo, en el mejor de los casos funcionan tan solo ocho y esto gracias a que el mismo personal.
Son ellos lo que busca, de poner a funcionar la mayor cantidad de máquinas.
Por ello, optan, muchas veces, por “canibalizar” algunas de las que están fuera de servicio.
“Nosotros hemos tenido la muerte de un niño tras otro, aquí esto no hemos parado de recibir estas noticias” dijo.
ALARMA
Hizo referencia no solo a la muerte de pacientes del servicio de Nefrología sino niños, niñas y adolescentes de otras áreas del hospital.
Detalló que desde la organización siguen denunciando el estado de alarma en el que se encuentra el JM de los Ríos.
Con ello el riesgo que corren los pacientes, sin embargo, nada ha cambiado al respecto y la situación continúa empeorando.
Martínez explicó que hay pacientes que llevan años a la espera de un trasplante, como es el caso de Niurka Camacho.
Camacho, por siete años cumplió con el tratamiento de diálisis, hasta que finalmente su cuerpo no lo soportó más.
“Es muy duro, no hemos tenido respuesta de ningún tipo” dijo la directora de Prepara Familia.
Agregó que todo en el hospital está marcado por la carencia.
Crisis en el sector
Cada vez es menos el personal disponible para la atención, entre ellos médicos y enfermeras, que han migrado a otros oficios en busca de mejores salarios.
Asimismo, las condiciones del centro de salud dejan mucho que desear.
El agua escasea con frecuencia, el servicio de electricidad falla constantemente y no hay insumos para la desinfección de las áreas.
Cuestionó que la ausencia de la administración de Nicolás Maduro, así como el desinterés por estos pacientes.
Alertó que continúan desprotegidos hasta después de la muerte.
“Antes la gente podía acudir a unos entes a solicitar ayuda para el sepelio, pero ahorita ni eso, a pesar de que el gasto es sumamente elevado”.
Una medida de protección que no se acata
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó el 21 de febrero de 2018 una medida cautelar a todos los pacientes del área de nefrología que reciben su tratamiento en el Hospital JM de los Ríos, así lo dieron a conocer en su momento las ONG Cecodap y Prepara Familia.
La medida N° 1039-17 de la CIDH, exige ala administración de Maduro que adopte medidas necesarias para “garantizar la vida, integridad personal y salud de los niños y niñas pacientes del J.M de los Ríos”.
Asimismo las autoridades debían proporcionar el tratamiento médico, facilitar el acceso a los mismos y a los procedimientos de salud que requieran los menores.
También pidió adoptar las medidas para asegurar las condiciones de salubridad y seguridad del área de nefrología.
En un máximo de 10 días el Estado debió dar respuesta sobre los avances en pro de cumplir con esta medida cautelar.
Pero nada de esto se cumplió.
Actualmente, los niños, y adolescentes de este centro de salud viven en carne propia la “vulneración de sus derechos fundamentales”.
