La ONG Una Ventana a la Libertad alerta que pese a las liberaciones el retardo procesal es lo que manda en las cárceles de Venezuela
Desde que comenzaron las liberaciones de presos, como parte de la labor de la Comisión para la Revolución Penitenciaria, la situación de los privados de libertad en el país no es la mejor. Tanto, que todavía hay demasiado retardo procesal.
Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a La Libertad, explicó que aún existe 70% de la población penitenciaria afectada por el retardo.
En entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, el activista detalló que la finalidad principal de esta comisión, es “eliminar el retardo procesal”. También “deshacinar los centros de detención preventiva que son espacios donde los reclusos deberían estar en un lapso no mayor de 48 horas. Lamentablemente, en Venezuela se han convertido en cárceles permanentes”.
Sin embargo, Nieto recalcó que el hecho de aplicar este procedimiento no significa que los liberados «tengan una sentencia definitivamente firme. Por lo tanto no saben si son culpables o inocentes».
Precisó que este proceso ya cumple 90 días de desarrollo y ciertamente se ha procedido a la liberación masiva de privados de libertad. “Pero vemos que es un proceso desorganizado, no hay criterios definidos de quiénes son las personas que deben salir en libertad y quiénes no”.
Las puestas en libertad colectivas más recientes son las del Retén del Marite, en Maracaibo. También el de Cabimas, ambos ubicados en el estado Zulia.
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Estigmatización
Nieto Palma dice que estos procesos contradicen la Constitución “que dice que tienen que ser hechos en libertad”.
En este sentido, opinó que si bien “este es un derecho que tiene la población reclusa, causa impacto que en un día liberen a 259 reclusos del retén de Cabimas”. “Se espera que liberen a 100 más, sigue siendo un trabajo pendiente de esta comisión ponerse al día con el retardo procesal que lleva muchos años en Venezuela”, dijo.
Alertó sobre el proceso de estigmatización que pesará sobre la mayoría de los liberados mediante estos procedimientos. “La gente ve que quien está saliendo es un delincuente, un ladrón, un asesino, un violador”, alertó.
Por esta razón, considera que el Estado debe cumplir con preceptos constitucionales como “la asistencia post penitenciaria para estos reclusos, como conseguir un trabajo. También otros beneficios que se pueden otorgar luego de haber pasado toda una vida, meses y años dentro de una cárcel. Es volverse a acostumbrar a estar en libertad y hay que recordar que a muchos de ellos sus familiares los han abandonado”.
En este caso insiste en la responsabilidad que tienen las instituciones nacionales de “evitar que estos ciudadanos que salen nuevamente a la vida en libertad vuelvan a delinquir”.
Dijo que “el problema se presenta que cuando se sale de la cárcel y no tienes ninguna opción de trabajo, de generar ingresos, y sales de un recinto que ha podido ser un centro de reeducación para los privados de libertad, y más bien son universidades del delito. Así, es probable que vuelva a delinquir”.
La ONG no tiene una cifra de personas liberadas a través de este mecanismo. Pero “desde UVL trabajan en una data que les permita precisar esta cantidad. No obstante, creemos que ha sido liberada alrededor del 20% de la población penitenciaria”.
