Una masacre sin precedentes obligó al presidente de Ecuador Guillermo Lasso a declarar el estado de excepción en todo el sistema penitenciario
Una toma militar del lugar y la declaratoria de estado de excepción en todo el sistema penitenciario fueron algunas de las medidas tomadas; luego de la masacre sin precedentes que baño de sangre la Cárcel Número 1 de la ciudad de Guayaquil (suroeste).
El hecho ocurrió producto de un enfrentamiento entre bandas de delincuentes, la noche de este.
“Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional; sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo”, se señala en el documento suscrito por el jefe del Estado.
Medios hablan de 110 muertos
El anuncio sobre la declaración de la medida excepcional se dio luego de que se publicara en redes sociales que los muertos por el motín carcelario de este martes ascendía a unos 110.
También informaron que encontraron 70 los muertos en los pabellones 9 y 10 de la Penitenciaría de Guayaquil, tras un registro efectuado por unidades tácticas de la Policía.
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Parte policial sangriento
Este miércoles, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), en su cuenta de Twitter, precisó: “Hasta el momento se confirman más de 100 PPL (personas privadas de libertad) fallecidas y 52 heridos”, y aclaró que la Policía, junto con la Fiscalía, “continúan levantado información”.
Por su parte, el despacho del presidente Lasso informó que se declaró el estado de excepción; y que se ha programado una reunión de los cuerpos de seguridad para evaluar la situación.
En el decreto ejecutivo, el gobernante indicó que la medida excepcional: “se fundamenta en las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de personas privadas de libertad, del personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y de miembros de la Policía”
Además, sostuvo que el estado de excepción busca “precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria”; así como los de los guías penitenciarios y de los efectivos policiales.
Con información El Comercio
